El líder del Partido Realizando Metas desde la embajada nicaragüense, envió un mensaje a la Corte Suprema de Justicia para que resuelvan su caso.
Esperan que el pleno respete la especialidad y no haya que esperar hasta que se registren otros cambios para que el Órgano Judicial uniforme su criterio.
Castañedas manifestó que hay aproximadamente 11 denuncias las cuales se van a ventilar y cerrar en este periodo.
El empresario advierte que el aumento de impuestos en San Miguelito podría ser contraproducente pues ahuyentaría a los negocios.
Afirman que, en este momento, existen otras prioridades para el país como la construcción de escuelas y centros de salud.
Este aumento, según lo argumentado por López, se basó en un análisis de la región.
Magistrados insistirán en el aumento de sus emolumentos, por lo que a la Contraloría no le quedaría otra opción que refrendarlo.
Al lugar acudieron agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) de la Policía Nacional.
Los magistrados de la Corte cobran $6 mil en concepto de salarios y $4 mil en gastos de representación.
La última querella contra María Eugenia López fue presentada el pasado miércoles por los abogados Zulay Rodríguez y Alejandro Pérez.
Estudiantes mencionan que enfocar los esfuerzos en una regulación continua y efectiva puede ser más beneficioso que una evaluación única.
Con el incremento de $4,000 los magistrados de la Corte Suprema elevarían a $14 mil sus sueldos y emolumentos.
La presidenta de la Corte también enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y mal uso de recursos públicos.
Con el aumento de $4,000 los magistrados de la Corte Suprema elevarían a $14 mil sus sueldos y emolumentos.
Hasta el momento no se tiene conocimiento de que se halla aprobado traslado de partida o crédito extraordinario sobre aumentos de salarios en el Órgano Judicial
Dos diputados de la Comisión de Presupuesto aseguraron al diario Crítica que no han recibido ni aprobado traslados de partidas ni créditos.
La última inadmisión de la CSJ evidencia que el principio se discutió basado en la legalidad y no en la constitucionalidad.
Este decreto estableció un listado de faltas administrativas las cuales eran multadas entre $500 y $10,000.
Mantener la suspensión del acto administrativo impugnado, ocasionará graves daños a los intereses de las comunidades cercanas al proyecto en construcción.
El diputado también llamó la atención sobre la necesidad de reformar el sistema judicial como un paso crucial para superar las dificultades económicas del país.
