La última inadmisión de la CSJ evidencia que el principio se discutió basado en la legalidad y no en la constitucionalidad.
Este decreto estableció un listado de faltas administrativas las cuales eran multadas entre $500 y $10,000.
Mantener la suspensión del acto administrativo impugnado, ocasionará graves daños a los intereses de las comunidades cercanas al proyecto en construcción.
El diputado también llamó la atención sobre la necesidad de reformar el sistema judicial como un paso crucial para superar las dificultades económicas del país.
El vocero de los vendedores de chances y billetes explicó que son conscientes de que hay demandas ante la CSJ las cuales tienen que ser resueltas.
Esta acción fue interpuesta por la abogada Nadia Castillo, en representación del expresidente Ricardo Martinelli.
Mañana el pleno de la CSJ tendrá su reunión ordinaria donde debería tratar la admisión o no de la demanda de presentada hace más de tres meses.
Aseo Capital, inició operaciones en el distrito de Capira en el 2024, luego de que la Contraloría General de la República ratificó el contrato por 15 años.
A pesar de que la defensa de Martinelli presentó un recurso hace tres meses, el pleno de la CSJ no se ha reunido para considerar su admisibilidad.
El abogado Carlos Carrillo critica la demora de la Corte en los casos de Ricardo Martinelli, señalando el trato desigual.
Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, indicó que esta demanda está pendiente de admisión, a pesar de haber transcurrido más de tres meses de su presentación.
Adelantaron que el próximo 3 de diciembre también tendrán una protesta pacífica en la CSJ.
Martinelli destaca que fue objeto de un caso fabricado, donde le violaron sus derechos al tener un sistema judicial que, que hasta hoy, dilata que haga justicia
El magistrado sustanciador Olmedo Arrocha ordenó publicar por tres días un edicto para notificar a los interesados en presentar argumentos.
Falta mucho por hacer en justicia y este organismo debe empoderarse de impulsar esas nuevas políticas, a juicio de abogadas con trayectoria en el país.
Esta operación se extendió a diversas provincias, incluyendo Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Darién, Coclé y Los Santos.
La demanda fue gestionada por su abogada, Nadia Castillo, quien argumenta que el exmandatario está protegido bajo el Principio de Especialidad.
La defensa argumenta que el exmandatario está protegido bajo el Principio de Especialidad establecido en el tratado de extradición con Estados Unidos.
Como pena accesoria, igualmente les impuso a todos los imputados la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término que la pena.
Según el documento Rodríguez la magistrada López es "enemiga manifiesta suya".
