La demanda fue gestionada por su abogada, Nadia Castillo, quien argumenta que el exmandatario está protegido bajo el Principio de Especialidad.
La defensa argumenta que el exmandatario está protegido bajo el Principio de Especialidad establecido en el tratado de extradición con Estados Unidos.
Como pena accesoria, igualmente les impuso a todos los imputados la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término que la pena.
Según el documento Rodríguez la magistrada López es "enemiga manifiesta suya".
La exparlamentaria también presentará una denuncia contra José Ruiloba Pineda, sobrino del diputado Pineda y el comunicador Mauricio Valenzuela.
Luis Eduardo Camacho manifestó que en un estado de Derecho hay que fortalecer la democracia.
La acción legal por el delito de abuso de autoridad fue presentada por el jurista Alejandro Pérez.
La viabilidad de esta acción constitucional radica en que la demanda ha cumplido con los requisitos de admisibilidad.
La defensa ha presentado una recusación contra la magistrada María Eugenia López para que se declare impedida de conocer la demanda de inconstitucionalidad.
Carrillo advierte que por transparencia, ante cualquier duda que comprometa su imparcialidad, el magistrado debe abstenerse de adoptar decisiones.
El expresidente del Colegio de Abogados consideró el fallo de importante, pues reconoce que las profesiones liberales tienen un marco normativo de protección.
Según el catedrático esta medida, que ha sido justificada por la Corte Suprema, representa una intromisión inaceptable en el ámbito educativo.
La Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó más de $30 millones a 18 entidades, para que paguen la diferencia de la segunda partida del decimotercer mes.
El corredor del Caribe contempla una carretera a dos carriles de asfalto que tendrá hombros y podrá ser circulada por camiones livianos y camiones pesados
La resolución subraya la importancia de seguir los procedimientos establecidos en el ámbito académico y administrativo.
Jefe encargado de la Oficina de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Corte informó que se debían seguir los canales diplomáticos.
La petición fue hecha ante Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados.
Los colonenses consideran que el proyecto ayudaría a la economía y esperan que la suspensión hecha por la Corte Suprema de Justicia pueda dar una solución.
Desde septiembre de 2023 se ha retomado el acercamiento con las comunidades asentadas en esta área y el periodo de consulta podría demorar hasta 18 meses.
Se garantizarán los recursos para que el trabajo siga aunque la extensión territorial sea mayor. El proyecto en Río Indio dependerá de la licencia social.
