El Instituto de Medicina Legal y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) identificaron en 2024 siete víctimas.
En otros cuatro casos se espera la entrega del respectivo informe en los próximos días. En 2023, el trabajo de ambas instituciones logró una identificación.
El convenio entre varias instituciones del Estado para regular el uso de estos dispositivos fue firmado en marzo de este año.
Este sábado se realizó una caminata en la Cinta Costera y este domingo se realiza una feria interinstitucional en el parque Heliodoro Patiño.
El ministro de Seguridad y el director de la Policía han confirmado la reanudación de la operación de recuperación.
El sobrevivientes Luis Contreras manifestó que presentaron todos los documentos y pruebas ante la Corte Suprema de Justicia, pero se les ha negado esa justicia.
Hay una discrepancia entre los registros de las autoridades y los manejados por su organización, aseguró Gabriel Pascual, representante de las víctimas.
En los últimos dos meses, se han registrado entre 3 y 4 robos de motores y productos.
Más de 4.000 familiares de los fallecidos asistieron a la ceremonia celebrada en Tokio y organizada por el gobierno japonés.
La resolución de la Defensoría, destaca que la Policía Nacional tenía la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en las protestas.
A la tarea de darle identidad a víctimas de la invasión, se suma establecer la memoria histórica de este hecho e investigar los perjuicios económicos.
El tono de voz cada vez más alto, los ademanes groseros, las burlas y risotadas, y el detonante apareció: "que no digas eso de mi tío, que ladrón no es.
En medio de la ola de homicidios de los últimos días, inocentes personas han perdido la vida. La última de ellas mientras trabajaba en una gasolinera.
Los que nos dedicamos a la comunicación, en cualquier ámbito, hombres y mujeres, tenemos una responsabilidad especialmente destacada.
El Comité de Familiares Cofadepa-HG entregó una carta a los candidatos presidenciales en la que denuncian que este Gobierno no ha cumplido la solución amistosa.
Más de 1,000 personas que afirman ser víctimas del tóxico no han podido ser certificadas por diferencias en la interpretación de la ley.
