La decisión revive la vigencia de la Ley 44 de 1999, que estableció los límites de la cuenca del Canal de Panamá con un área de 552.761 hectáreas.
La ponencia del fallo estuvo a cargo del magistrado Olmedo Arrocha y la decisión fue adoptada de manera unánime.
Más de 10 abogados han pedido que se desestime está demanda, presentada en contra de la resolución del Tribunal Electoral (TE).
Pedreschi es familia del expresidente Juan Carlos Varela y tío del jefe operativo y gerencial de la campaña de Lombana.
La reacción del OEA surge en respuesta a una carta enviada por connotados panameños que advierten del peligro de la judicialización de las próximas elecciones.
Mi argumento, de estricto raigambre constitucional, se basa en lo prescrito en el artículo 143, los dos párrafos finales, de la Constitución Nacional.
Hasta la fecha, al menos siete oposiciones a la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la candidatura de Mulino.
Como una arbitrariedad, ha calificado Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio de Abogados el intento de dejar a RM y Alianza sin candidato.
Reconocidos abogados y un politólogo advirtieron a Luis Almagro sobre el peligro a la democracia panameña si la Corte invalida la candidatura de José R. Mulino.
Juan Carlos Navarro dijo que tan pronto dicho adefesio jurídico sea declarado inconstitucional, se le devolverá la protección legal a la cuenca del canal.
Profesionales del derecho ya habían advertido que no existen matices de inconstitucionalidad en la candidatura de Mulino.
En entrevista a DW Español, Miguel A. Bernal dijo que hay intereses políticos y económicos para evitar determinadas candidaturas, no solamente la de JR Mulino.
Para el exmandatario se trata de movimientos impulsados por el temor de otros candidatos que han quedado rezagados.
He dicho, públicamente, que estamos viviendo o se están escribiendo, para nuestra historia política, capítulos inéditos jamás pensados.
Sectores han mostrado su rechazo a este nuevo intento por acabar con la democracia panameña, esta vez con intentar inhabilitar a José Raúl Mulino.
La suspensión del juicio, ocurrió luego de que los jueces precisaron que hay una advertencia de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia.
La norma acusada de inconstitucionalidad establece un trato diferente entre los trabajadores del sector privado y los servidores públicos.
El contrato entre el Estado y la minera mantuvo vigencia y por tanto extendió sus efectos a todo lo que ocurrió en ese tiempo.
Minera Panamá S.A, estima entre 15 y 20 millones de dólares por mes el costo del Plan de Cuido y Mantenimiento del proyecto minero Cobre Panamá.
