Panamá
Defensoría pide al Gobierno restablecer la paz social
Esta entidad expresó que la población no puede gozar de la vida e integridad física, libertad, acceso a la salud, seguridad alimentaria, trabajo, educación.
- Redacción / [email protected] / PanamaAmerica
- - Actualizado: 14/11/2023 - 06:35 pm
La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso en el monitoreo, protección y defensa de los derechos fundamentales de cada individuo. Foto: Cortesía
La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno Nacional que restablezca de manera inmediata, las garantías fundamentales de la población en estos momentos de profunda agitación social y crisis económica.
Esta entidad expresó que la población no puede gozar de la vida e integridad física, libertad, acceso a la salud, seguridad alimentaria, trabajo, educación, libertad de prensa, libre tránsito, propiedad privada; así como el derecho a la protesta pacífica, en cumplimiento de los mecanismos de protección que la Constitución Política de la República de Panamá, los convenios internacionales y las leyes le faculten.
No obstante, reconoce que la explosión social que estamos experimentando refleja preocupaciones y desafíos significativos en la sociedad.
Para la Defensoría, la manifestación es un derecho legítimo e individual, la cual debe ser realizada a conciencia, pacíficamente y con responsabilidad, sin menoscabar los derechos de terceras personas; así como, el respeto a la propiedad pública y privada.
“Esta institución rechaza todo acto de violencia, amenaza, vandalismo, mensajes de odio que deslegitime la esencia de la protesta pacífica”, indicó un comunicado de la entidad.
Además, aboga para que se realice un acercamiento con todos los sectores de la sociedad, que lleve a soluciones pacíficas y sostenibles, que devuelvan de manera urgente el orden público y la paz social; respetando el Estado de Derecho que tiene que prevalecer en la democracia.
Panamá lleva varios días sumida en una crisis por las protestas y cierres de calles que se llevan a cabo, a nivel nacional, en contra de la Ley 406.
La sociedad civil, grupos sindicales y diversos gremios exigen la derogación de la ley o que la Corte Suprema de Justicia declare que es inconstitucional.
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