Panamá
Proyecto de moratoria minera es aprobado en tercer debate
De 61 diputados que ejercieron su voto, 59 lo hicieron a favor del proyecto 1110, mientras que hubo dos abstenciones.
- Francisco Paz
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- - Actualizado: 03/11/2023 - 11:40 am
El presidente de la Asamblea, Jaime Vargas, sostiene el portafolio que tiene el proyecto aprobado en tercer debate. Foto: Víctor Arosemena
En menos de 10 minutos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto 1110 que establece una moratoria en minería metálica en todo el país.
El proyecto fue bajado a segundo debate, el jueves, para excluir de su contenido lo referente a la derogación de la Ley 406.
Este fue el clamor de varios grupos que han protestado en las calles en las últimas semanas, los que apuestan por un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la norma que regula el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
La aprobación se dio sin debate, debido a que ningún diputado hizo uso de la palabra para hablar sobre la conveniencia o inconveniencia del proyecto de ley.
Según el proyecto, que debe ser sancionado en las próximas horas por el presidente Laurentino Cortizo, en tres meses el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) deberá archivar los trámites vigentes sobre concesiones para explorar yacimientos mineros en el país.
Fueron 59 diputados los que votaron a favor del proyecto 1110, mientras que hubo 2 abstenciones.
La sanción de esta ley supondría un paso importante para detener las protestas y cierres de calles que se han registrado en el país desde que la Ley 406 fue sancionada, hace dos semanas.
Sin embargo, ahora la presión estará dirigida hacia la Corte Suprema de Justicia que se comprometió a fallar con celeridad sobre la constitucionalidad o no del contrato minero.
Por el momento, ya cuenta con la opinión de los procuradores generales de la Nación y de la Administración, quienes han expresado que la norma es inconstitucional.
Hay sectores que desconfían de los resultados que salgan del Órgano Judicial y se mantienen en la posición de que el contrato debió ser derogado, algo que estuvo en manos de los diputados, pero que no procedió ante la presión de los otros grupos.
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