El desastre institucional y los sectores dominantes

Poner en marcha un proyecto constituyente, destinado a refundar el Estado, a fin de que exprese los intereses de la población, es una necesidad histórica inaplazable. Foto: Víctor Arosemena. Epasa.

Las últimas semanas han venido a evidenciar la grave crisis institucional que vive el país, la cual pone al borde del colapso el marco de legitimidad en que opera el conjunto de los órganos gubernamentales.

Primero fue el rechazo de la ciudadanía, principalmente de los jóvenes, al paquete de reformas presentadas por el Ejecutivo y llevado a nivel de perversión por parte de los diputados de la Asamblea Nacional.

Se trata de un momento en que la población empieza a tomar conciencia, aunque sea de manera intuitiva, de que el conjunto del modelo de sociedad y desarrollo vigente resulta sesgado desde el punto de vista de la equidad en todas sus dimensiones, incapaz de desarrollar una verdadera democracia participativa, en la que la población tenga el protagonismo.

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No es extraño, para dar un ejemplo, que en la encuesta realizada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales el 39.9% de los encuestados señalaron que esperaban que cualquier modificación de la Constitución se hiciera para defender a los pobres, mientras que un 14.9% adicional se refería a la necesidad de "limitar la corrupción."

Apenas el 4.6% daba una repuesta, que a nuestro juicio, coincidiría con el contenido de las reformas propuesta por el Ejecutivo y los sectores económicamente dominantes.

Pese a lo anterior tanto el Ejecutivo como los sectores económicamente dominantes siguen insistiendo en el paquete presentado a la asamblea, el cual solo tendría que ser devuelto a su forma original y maquillado con fines electorales.

Es así que en un comunicado reciente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura se puede leer que para este organismo el mismo tiene "el deber y el derecho de exigir la eliminación de aquellos artículos, incluidos en último momento por el Órgano Legislativo…"

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La segunda señal clara de la debacle institucional está dada por los llamados Varelaleaks.

Más allá de lo que algunos han calificado como la fragilidad de la intimidad, aparece la forma en que, de acuerdo al contenido de los mismos, se habría venido manejado el poder estatal.

Según estos se habría roto la separación entre los poderes públicos, consagrada en la constitución y considerada como una de las bases fundamentales de la democracia.

De acuerdo a esta fuente, también quedaría claro como dicho poder estatal se utilizó sistemáticamente para los fines personales de quienes lo ejercieron, siendo este, además, una notable palanca para la acumulación de ganancias por empresas específicas relacionadas con los sectores económicamente dominantes.

La profunda crisis institucional, generada por los sectores que dominan al país económica y políticamente, no dejará de tener serías repercusiones tanto económicas como sociales.

Según Douglas C. North las instituciones deberían ser mecanismos que reducen la incertidumbre, constituyendo una guía para la acción humana.

En Panamá ocurre todo lo contrario.

Estamos en una crisis institucional que cada día genera más incertidumbre, por lo que la misma, más temprano que tarde, terminará afectando negativamente las decisiones económicas, entre las que se encuentran las referidas a las inversiones.

En lo social, por su parte, el desastre institucional lleva a que cada día se deteriore la capacidad gubernamental de resolver los problemas básicos de la población, tanto en el ámbito de salud, como en el de la educación y la seguridad alimentaria, entre otros.

El país, gracias a la miopía de los sectores económica y políticamente dominantes, se acerca a la situación de un Estado fallido.

Todo esto pone de relieve que el actual modelo de sociedad concentrante y excluyente, promotora de la corrupción generalizada, simplemente está agotado.

Poner en marcha un proyecto constituyente, destinado a refundar el Estado, a fin de que exprese los intereses de la población, es una necesidad histórica inaplazable.

Economista