El actual éxodo masivo, apremia controlar la migración ilegal a través de nuestra provincia de Darién

Los desplazamientos han comprometido a nuestra nación a ocuparse de costos "no presupuestados", los cuales el Estado ha tenido que asumir para cumplir con la asistencia humanitaria a estas personas y un tratamiento digno en diferentes zonas de albergues. Foto: EFE.

En los últimos años, gracias a la experiencia laboral como profesional de la salud, dedicado a la atención médica de compatriotas y personas de diversas nacionalidades, algunas con residencia permanente en la provincia de Darién y otras de paso en flujo migratorio, hemos observado una cantidad considerable de migrantes que ingresan anualmente de forma irregular por nuestro territorio fronterizo con la República de Colombia.

Este tema de la migración ilegal por ser de alto interés para el país, debe manejarse con la amplitud de los criterios de control que merece, tanto por razones de seguridad en el fortalecimiento de nuestra política migratoria, como por la inclusión de la proyección presupuestaria anual que la provincia requiere para afrontar los costos relacionados con esta migración, además, se debe revisar el establecimiento de acuerdos internacionales con los Estados, a quienes les concierne estos movimientos migratorios, a saber, aquellos países de origen de las personas que se desplazan, pero también, los que se encuentran en su ruta de tránsito y en estos, se conoce que operan redes de tráfico donde hacen contactos para continuar su traslado hasta llegar a nuestro país, es decir, que hay un problema de fondo y de igual manera debe atenderse.

Referente al compromiso estatal de contribuir con la paz y seguridad hemisférica y global, está claro que Panamá debe mantener un nivel de detección de migrantes que representen peligrosidad o que puedan estar vinculados con organizaciones del crimen transnacional, transfronterizo y/o a grupos terroristas.

Dentro de esta problemática que se ha agravado por factores externos, hay que entender que, en el pasado, por mucho tiempo, el flujo de migrantes, por lo general, era regional, procedente de países suramericanos y del Caribe; no obstante, en el 2008 con el cambio de la política migratoria en Ecuador de "Puertas abiertas", que eximió del visado a todo el mundo, se originó la afluencia de migrantes de origen extracontinental, mayormente de Asia y África, situación que llamó la atención inmediata de los Estados Unidos, catalogando este movimiento migratorio como Extranjeros de Interés Especial (SIA, siglas en inglés) por su procedencia de países cuya tendencia ha sido dar apoyo a organizaciones terroristas.

Pero en 2014, a raíz de la política estadounidense de "Pies secos, pies mojados", que le otorgaba la residencia a los cubanos que lograran llegar a su territorio, nuevamente, nuestro sistema de control migratorio se vio afectado por el éxodo de cubanos que aumentó el tránsito por nuestro país.

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Mientras tanto, todos estos desplazamientos han comprometido a nuestra nación a ocuparse de costos "no presupuestados", los cuales el Estado ha tenido que asumir para cumplir con la asistencia humanitaria a estas personas y un tratamiento digno en diferentes zonas de albergues.

Nuestra comunidad de Bajo Chiquito, ubicada en la Comarca Emberá Wounaan, es el mejor ejemplo, pues es la primera parada en suelo habitado y seguro, donde sus residentes acogen sin los recursos necesarios a los migrantes, después de haber cruzado la selva de Darién.

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Por la complejidad situacional, la región requiere una inyección de inversión pública permanente e integral y “no paliativa” en los aspectos sociales de prioridad, entre ellos, fortalecer el sistema de salud y de atención médica, servicios básicos en general y un eficiente sistema de comunicaciones de amplia cobertura como centro de control, desde donde se pueda generar el intercambio de información a nivel nacional e internacional en tiempo real, sobre el monitoreo de los movimientos migratorios para las evaluaciones y análisis preliminares, además de optimizar la corresponsabilidad social en todo tipo de asistencias.

Vale reconocer los esfuerzos del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), los cuales han desempeñado roles determinantes en la atención, protección, registro y clasificación de la migración ilegal.

Este trabajo ha servido de referencia para activar alarmas internas y externas, a tal punto que para el 2016 ya los Estados Unidos alertaba a sus autoridades fronterizas por medio de memorándum a estar pendientes y en junio de 2018 Panamá y los Estados Unidos formalizaron la Fuerza de Tarea Conjunta sobre Migración (JMTF, siglas en inglés) para el intercambio de información y las coordinaciones pertinentes en la prevención de la migración ilegal que hasta ese momento no estaba siendo controlada eficientemente.

También, en 2016, Panamá y Colombia en la Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza (Combifront) decidieron adoptar mayores medidas para el combate al crimen organizado, el narcotráfico y la migración ilegal.

Concretamente, a causa del incremento de amenazas globales en los últimos tiempos, se ha hecho necesario el establecimiento y fortalecimiento de acuerdos internacionales e interagenciales. Los registros estadísticos muestran un aumento de la migración ilegal por Darién desde el 2019, cuando se contabilizó, a final de año, el tránsito irregular de extranjeros de 22,102, de los cuales el 39.6% eran procedentes de Asia y África, a propósito, muchos de ellos categorizados como SIA por Washington.

A causa de la llegada de la pandemia COVID-19 se originó el cierre de las fronteras terrestres en mayo de 2020, registrando al cierre del año 8,594 migrantes, una cifra mucho menor en comparación al año anterior, sin embargo, con la apertura en el presente año de las fronteras terrestres externas y las nuestras mediante el Decreto Ejecutivo N°61, del 8 de enero de 2021, se ha registrado el ingreso hasta el pasado mes de junio, o sea, en el primer semestre del presente, de 26,992 migrantes irregulares, cifra que en 6 meses supera la anual de 2019.

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No obstante, y, haciendo un balance objetivo del tema, si sumáramos los ingresos irregulares de los 12 meses del 2020 a los 6 meses transcurridos de este año, el resultado sería de 35,586 que, divididos entre los 18 meses, arrojaría un promedio de unos 2,000 ingresos mensuales de migración irregular por la zona fronteriza de nuestra provincia.

Concluyendo el resumen, vemos con optimismo el reciente convenio para desarrollar acciones e iniciativas que fortalezcan la cooperación mutua en beneficio de los migrantes, firmado entre el ministro de Seguridad Pública y la Coordinadora Residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Panamá en el Campamento de San Vicente, además, de la asistencia a la zona por parte de la Vicecanciller y el jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Asimismo, reconocemos la actual intervención del Defensor del Pueblo y su equipo de delegados de Derechos Humanos con la llegada de unos 896 migrantes, donde observaron la falta de una ambulancia para el traslado urgente de migrantes hacia centros hospitalarios, no olvidando el hecho de que, a pesar de ser ingresos irregulares, una vez se encuentren dentro del territorio panameño hay que brindarles un trato humanitario.

Sin embargo, el momento es propicio para enfatizar que por el incremento del tránsito de migrantes en nuestra provincia, la situación es cada vez más crítica y, por consiguiente, las coordinaciones entre las partes con responsabilidad en la toma de decisiones, deben articularse con mayor frecuencia para garantizar los controles necesarios y pasar de las medidas temporales a la programación permanente de acciones que también contribuyan al desarrollo humano sostenible y al beneficio de nuestra población de Darién con tantas necesidades.

Médico. Honorable Diputado. Circuito 5-1.