ENA no piensa devolver dinero de aumento a peajes declarado ilegal

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró ilegal la resolución que autorizó el aumento de peajes en tres casetas del Corredor Sur y, aunque la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) ya adelantó que acatará el fallo, un nuevo debate se abre en el horizonte inmediato: el retorno o no del dinero cobrado a los usuarios por dos años.

ENA se anticipó a la reacción pública, y ya dijo por medio de su vocería legal que no planea hacer ningún tipo de devolución.

"Todavía falta hacer un análisis final [del fallo], pero la medida no es retroactiva", argumentó Larisa Landau, asesora legal de ENA.

Sustentó su posición explicando que la demanda original (presentada por la Cámara Provincial de Transporte de Panamá), incluso, pedía la suspensión de la medida, "pero la Corte se pronunció en que no se iba a suspender, en consecuencia no anticipo que vaya a ser una medida retroactiva", dijo Larisa Landau.

VEA TAMBIÉN: Corte analizará solicitud de fianza pedida a favor de Ricardo Martinelli

Por si no lo viste

Aseguran que hay mecanismos para devolver dinero que usuarios pagaron en el Corredor Sur

Declaran ilegal aumento de peaje en Corredor Sur

Transportistas de Corredor Sur exponen preocupación por salida de circulación

El abogado Víctor Martínez, quien fue el encargado de presentar la demanda en nombre de la organización transportista, rechazó de plano esta interpretación de ENA.

"Todo el dinero que se pagó por parte de los usuarios, por dos años, se debe devolver", mencionó el abogado de manera categórica.'

Fallo

Ajustes frustrados

Los ajustes que se hicieron aplicaban a tres casetas del Corredor Sur, y ya no podrán seguir aplicándose. Estos eran: Punta Pacífica, vía Israel y en el entronque de Chanis. En el resto de las casetas del Corredor Sur no se aplicaron modificaciones al pago, de modo que no resultan afectadas por la resolución de la Corte Suprema.

Sin notificación

A pesar de que el fallo de la CSJ ya es público, la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) indicó ayer que aún no han sido notificados formalmente, aunque adelantaron que avalarán la decisión tomada en la máxima corporación de justicia, con ponencia del magistrado Abel Zamorano. No obstante, mediante su vocería legal, ENA explicó que antes de hacer los ajustes, cumplieron con las consultas, tanto al MOP como al Consejo de Gabinete.

Es más, indicó que el proceso de devolución de fondos cobrados de manera ilegal (según la interpretación final de la CSJ) debería iniciarse ya, a pesar de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia no planteó su aplicación inmediata.

En declaraciones al noticiero de TVN, Víctor Martínez consideró que la devolución de dinero es "fácil", y que si bien no se espera retorno en plata líquida, sí acreditaciones a los panapass.

"ENA puede hacer una auditoría a los panapass para determinar las veces que un usuario pasó [por los puntos en que subió la tarifa] y acreditar ese dinero", propuso el abogado especializado en temas de transporte público.

VEA TAMBIÉN: Gobierno reconoce creó una 'procuraduría paralela' para armar expedientes

En 2016, el Consejo de Gabinete emitió la Resolución N.° 10 que autorizó aumentos en el peaje de varias casetas del Corredor Sur, con montos que previamente ENA había analizado y consultado junto al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La Empresa Nacional de Autopistas alega que con las consultas hechas al MOP y el aval posterior recibido por el Consejo de Gabinete cumplía con las condiciones planteadas en la concesión para legalizar su intención de aumento de peajes.

Pero esa resolución del Consejo de Gabinete de 2016 habría pasado por alto la Ley de Transparencia que data del año 2002, y que establece la obligatoriedad de hacer consultas públicas.

Aunque ya está en firme un fallo de la CSJ, el abogado Víctor Martínez le agrega la postura expresada al respecto por el procurador de la administración, Ribogerto González, quien reiteró que es "obligatorio permitir la intervención de los ciudadanos en los actos de administración pública que puedan afectar sus intereses y derechos".