Contrato minero en manos de la Corte; denuncian presiones

Tras el retiro del proyecto de ley que convocaba a una consulta ciudadana sobre el contrato minero, la atención ahora se centra en la Corte Suprema de Justicia, encargada de determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad.

Esta opción también quedó viable, luego de que los diputados retiraran un artículo que proponía la derogación de dicho contrato en un proyecto sobre la moratoria minera, aprobado la Asamblea Nacional y sancionado hoy mismo por el presidente Laurentino Cortizo.

Sin embargo, se conoció que la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, estaría ejerciendo fuertes presiones para obtener el respaldo de este órgano estatal al contrato entre el Estado y Minera Panamá. Su objetivo es lograr la declaración de constitucionalidad del acuerdo que permitiría a la empresa explotar la mina de cobre en Donoso durante 40 años.

Mientras tanto, los ciudadanos panameños han estado protestando en las calles durante casi dos semanas, exigiendo la derogación del contrato minero. Esta situación había llevado al gobierno de Laurentino Cortizo a anunciar la convocatoria a una consulta pública para decidir el futuro de la mina, programada para el 17 de diciembre próximo.

Sin embargo, fuentes judiciales afirman que López está utilizando todo su poder en la Corte para respaldar el contrato con Minera Panamá, pasando por alto la voz de los ciudadanos.

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López ascendió a la presidencia de la Corte con el respaldo del gobierno de Laurentino Cortizo, pero ha sido señalada como la responsable de llevar a cabo un plan de persecución judicial, continuando la labor del vicepresidente y candidato presidencial José Gabriel Carrizo.

Incluso, se afirma que López y el vicepresidente Carrizo tienen conexiones familiares y están utilizando su influencia para presionar a favor del contrato minero, al igual que lo hacen para la candidatura oficialista en las elecciones de mayo de 2024.

Hasta el momento, la Corte Suprema ha admitido al menos 6 demandas de inconstitucionalidad en contra del contrato minero, presentadas por los abogados Ernesto Cedeño Alvarado y Roberto Ruiz Díaz, así como por un grupo de 13 profesionales del derecho y la firma forense Estudio Jurídico Cedeño.

Tanto el procurador general de la Nación, Javier Caraballo, como el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, han emitido opiniones en las que consideran que el contrato es inconstitucional.

González sugiere que, manteniendo un criterio objetivo, se podría emitir una decisión sobre los recursos presentados antes de que termine el año, siempre respetando la integridad del máximo tribunal de justicia.

Aunque la opinión del Ministerio Público no es vinculante, el procurador de la Administración destaca su importancia, ya que su valor radica en el análisis de la argumentación presentada.