Panamá
Casos armados por Kenia Porcell mueren en la Corte
El proceso más reciente cerrado fue el que se le siguió al exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, por el supuesto delito de falsedad ideológica.
- Luis Ávila
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- - Actualizado: 10/4/2023 - 12:00 am
Ex procuradora Kenia Porcell y el ex mandatario Juan Carlos Varela. Archivo
En las últimas dos semanas, la Corte Suprema de Justicia ha puesto fin a procesos armados con fines de persecución política, y que fueron creados durante el Gobierno de Juan Carlos Varela y bajo la dirección del Ministerio Público por la entonces procuradora Kenia Porcell y sus fiscales.
El caso más reciente que fue cerrado fue el del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, luego de que la Secretaría Judicial de la Sala Segunda de lo Penal no admitiera los recursos extraordinarios de casación interpuestos por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, contra la absolución de De Lima y otras personas.
De Lima, quien fue acusado por el supuesto delito de falsedad ideológica, durante la administración de Varela y Porcell, fue declarado absuelto en un fallo de segunda instancia, apelado por la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, la Corte confirmó dicha absolución, dejando en evidencia que no existió delito alguno por parte del exministro.
Para la abogada Dinoska Montalvo, la decisión tomada por la Sala Segunda de lo Penal, significa que no hubo delito en este caso, que no se cometió perjuicio al Estado y que se sometió a una persona al rigor de una investigación y su detención, algo que nunca debió suceder.
"Eso significa la expresión de absuelto de todos los cargos", comentó la jurista.
Otro proceso que recientemente también se cerró por nulidad, fue el que se le abrió a la exministra de Educación, Lucy Molinar, por la compra de mochilas escolares durante su gestión.
"Finalmente, se dieron cuenta de que todo lo que hubo aquí fue un proceso montado, con toda la maldad de quienes no entendieron que someter, arrodillar al Ministerio Público para sus caprichos, deben ser también castigados", afirmó Molinar la semana pasada cuando se notificó del cierre de este proceso.'
9
magistrados de la Corte Suprema de Justicia ratificaron fallo de juez penal.
12
millones de dólares era la supuesta lesión patrimonial en el caso las mochilas.
El proceso fue armado durante la administración del panameñista Juan Carlos Varela.
Esta nulidad fue decretada por el Segundo Tribunal de Justicia por inconsistencias, algo que también lo hizo el Tribunal de Cuentas en dos instancias.
El Tribunal de Cuentas resaltó que no se acreditó ninguna lesión patrimonial en el contrato, que ascendía a algo más de $14 millones.
Molinar destacó que todas las teorías que se montaron eran falsas.
"Es que en este caso no hay nada, no hubo sobrecosto, todas las teorías que se montaron eran mentiras, porque no tenían sustento", explicó.
"Hubo muchas inconsistencias en las pruebas presentadas como la auditoría realizada por la Contraloría General de la República. Nunca se supo si faltaban 12 millones en mochilas, sí el sobrecosto era de 12 millones, si 12 millones era la suma del faltante de todas las compras (2010, 2011, 2012, 2014) o la de un año específico", dijo la exfuncionaria.
Ante posibles acciones legales por daños y perjuicios relacionados con el caso, Molinar expresó que "este es un tema que tiene que mirarlo con serenidad. A mí no me dañó el Estado, lo hizo gente con una intención".
A estos dos casos, se les suma el de la Caja de Ahorros, proceso en el cual se le otorgó sobreseimiento definitivo a 22 personas imputadas.
Los magistrados, de manera unánime, ratificaron el fallo emitido por el Juzgado Décimo Cuarto de Circuito Penal del 20 de agosto de 2018.
También está el proceso de los supuestos pinchazos, en el cual en dos ocasiones fue declarado no culpable el expresidente Ricardo Martinelli, dentro de un proceso, en el cual se premió a un testigo protegido con un alto cargo en Estados Unidos, mismo que todavía ocupa.
Muchos de estos procesos fueron armados bajo la llamada "Procuraduría Paralela", que lideró el abogado Rogelio Saltarín (q.e.p.d.), por la cual el Gobierno de Varela pagó altas sumas de dinero.
También, en los Varelaleaks, se dejó en evidencia como Varela y Porcell mantenían constante comunicación sobre la coordinación de los casos de alto perfil, que fueron armados bajo la "Procuraduría Paralela" y que fueron llevados a los tribunales por Porcell a través de sus más cercanos fiscales, algunos que todavía se mantienen en el Ministerio Público.
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