Confabulario
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La empresa Pumper tendería seguro un contrato por $40 millones para el tratamiento de los desechos hospitalario, con un pliego de cargo que le daba la venta.
La entidad trata de dejar amarrado el contrato de servicio de tratamiento de desechos hospitalarios por 5 años más.
La firma forense BGM, en representación de Emas, solicitó a la Dirección de Contrataciones Públicas se suspenda está licitación pública.
La entidad sigue exigiendo que las empresas que participen cuenten con una planta de incineración, excluyendo otros métodos y limitando la competencia.
La compañía también enfrentaría atrasos en la entrega de otras obras contratadas por empresa estatales, lo que afecta a algunas poblaciones del país.
En razón de esto, la denunciante pide se llame a declarar a la comisionada Sheyla Cedeño para que rinda entrevista.
Expertos cuestionan que hasta el momento, las autoridades no hayan dado detalles de la sensitiva compra y del monto de la millonaria transacción directa.
Se trata de las columnas de gravas del lado oeste del Canal de Panamá y pronto comenzará la colocación de los pilotes de prueba.
Entre diagnósticos y fracasadas contrataciones, la búsqueda de una solución parece que volvió a morir para el actual gobierno que vence en julio.
Las empresas interesadas en el contrato manifestaron su disconformidad por el poco tiempo que tendrían para presentar sus propuestas.
La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario no tiene un plan de mitigación de incendios, sino que lo deja en manos del nuevo contratista.
La AAUD invitó para hoy a las empresas interesadas en el contrato de $46 millones a una visita técnica dentro del vertedero.
En esta ocasión fue la que estaba destinada a la alimentación de los detenidos en la provincia de Chiriquí, con precio de referencia de $28.8 millones
Se trata de un proceso de contratación directa disfrazada, que busca definir el próximo 7 de febrero a un nuevo operador privado del vertedero.
El establecimiento de este contrato generará precios competitivos garantizados con el desarrollo de nuevas plantas de energía renovable.
El Ejecutivo iniciará la auditoría de más de un millón de planes sociales y prevé que 160,000 beneficiarios podrían estar recibiendo de manera "irregular".
Patton, Moreno & Asvat asegura que ninguna de las cláusulas que elaboró fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.