CSS: cuatro ofertas y un favorito para contrato millonario

La Caja de Seguro Social (CSS), en los últimos meses de la actual administración, forzó el pasado viernes la apertura de ofertas para el contrato de 58.7 millones de dólares del servicio de recolección de desechos en sus centros hospitalarios, amarrando el negocio a los próximos cinco años. Al acto se presentó la empresa que ha controlado el negocio en los últimos 14 años a través de contratos directos y adendas, y ahora busca quedarse por otros cinco años: Pumper S.A., señalada de favorita.

Sin embargo, la comisión evaluadora emitió el informe del acto de presentación de ofertas confuso, ya que no da detalles de las propuestas, su alcance y los renglones de interés, porque las cifras ofertadas distan muchos entre sí y contra el precio de referencia de la propia CSS de 58.7 millones de dólares.

Al acto se presentaron seis ofertas, de las cuales se rechazó inmediatamente la presentada por Building Paradise por 21.8 millones de dólares.

Pumper ofertó por todos los renglones del contrato con dos ofertas, una bajo su nombre por 18.2 millones de dólares para la mitad de los renglones del contrato, y el resto a través del consorcio ILSE por 23.3 millones de dólares. La empresa tiene vínculos directos como la misma empresa auditora y cuentas por cobrar con empresas similares.

Los otros oferentes fueron Domingo Morrison por $18 millones, consorcio PHE Covsa con $24.5 millones de dólares, y Servicios Tecnológicos de Incineración $7.7 millones.

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Sin embargo, fuentes vinculadas sostienen que todo se trató de un proceso de licitación donde no hubo competencia, ya que todo estaría dirigido a que Pumper resulte ganador del 100% del contrato nuevamente, dándole el control por cinco años más y en víspera que entre un nuevo Gobierno.

La semana pasada, CSS revivió el proceso de contratación luego de una lluvia de reclamos de empresas que denunciaron que el acto era restrictivo y limitaba la competencia a solo empresas con plantas de incineración, dejando fuera de participación a las empresas con el sistema de autoclave, utilizado en los países avanzados en tecnología.'

58.7

millones de dólares es el precio de referencia para el contrato de del servicio de recolección de desechos en sus centros hospitalarios de la Caja de Seguro Social, amarrando el negocio a los próximos cinco años. Al acto se presentó la empresa que ha controlado el negocio en los últimos 14 años a través de contratos directos y adendas, buscando quedarse otros cinco años más.

Inicialmente, la DGCP había pedido a la CSS corregir el pliego de la licitación luego que tres empresas interesadas en el proceso reclamaran que el proceso es excluyente y limita la competencia tanto en aspectos financieros como técnicos.

La CSS colgó ayer el pliego de la licitación con las supuestas modificaciones. La entidad abrió la presentación de las cartas financieras a bancos extranjeros, pero mantuvo su posición de solo aceptar la incineración como único método de tratamiento.

Se trata del punto central de los reclamos presentados y declarados como discriminatorios. Esto apuntaría a que la CSS tendría como favorito para este millonario contrato a la empresa que mantiene este contrato desde los últimos 10 años a través de adendas y extensiones directas: Pumper S.A.

Esta polémica empresa quedaría con el camino despejado para hacerse nuevamente con el contrato del manejo y tratamiento de los desechos peligrosos de la CSS, ya que el resto de las empresas que ofrecen el método de "autoclave" (cámara presurizada que se utiliza para esterilizar los residuos a temperaturas de aproximadamente 129 °C), fueron excluidos o tuvieron. Esto, a pesar de que el autoclave es un método eficiente y reconocido por la legislación panameña.

La empresa Servicios Múltiples fue una de las empresas que logró que la DGCP le admitiera su reclamo contra el pliego de cargos por encontrar requisitos que ponen a su oferta en desventaja, uno de ellos la exigencia de que el único método de tratamiento de la basura sea la incineración. Incluso, el pliego obligaba a las empresas tener una planta de incineración para poder competir.

Fuentes vinculadas al proceso señalan que en esta licitación también hay irregularidades con los precios de referencias que están basados en las propuestas económicas de Pumper, la empresa que en el gobierno de Juan Carlos Varela saltó a la polémica por el contrato directo que le dio el Consejo de Seguridad para incinerar la droga incautada.

Los precios fijados como referencias tendrían un alto sobrecosto sobre la cifra promedio que manejó hasta ahora el Minsa y la CSS de entre 80 centésimos y 2.10 dólares el kilo de desechos recibidos. Ahora en esta licitación la CSS ha dejado esto abierto a tarifas que oscilan entre 5 y 6 dólares el kilo, dependiendo de la ubicación de la unidad hospitalaria.

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