Jerónimo Mejía debe definir si admite o no objeciones en caso Ricardo Martinelli

Carlos Carrillo, miembro de la Defensa de la defensa del expresidente de la República Ricardo Martinelli  planteó que  hoy se debe terminar con las objeciones a las pruebas documentales, para que luego el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía se pronuncie si las acepta o no.

Crisis de justicia
En medio de este proceso la Corte Suprema de Justicia y, por ende, la justicia panameña sufren la peor crisis en su historia, no solo por las inmisericordes presiones y el control político que enfrentan, sino también por la profunda falta de credibilidad y estabilidad administrativa que atraviesa el Órgano Judicial.

Al final, el proceso legal más importante en la historia del país podría quedar en manos de suplentes por la inestabilidad que el propio presidente Juan Carlos Varela le ha impreso a la más alta magistratura de justicia del país.

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Si el Pleno acoge las recusaciones en contra de los magistrados Hernán De León, Efrén Tello (suplente de Luis Ramón Fábrega) y Asunción Alonso (suplente de José Ayú Prado), la Corte sumaría a su inédita situación un elemento aún más desestabilizador.

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Por la mora de Varela, dos magistrados están actuando más allá de su periodo constitucional, entre ellos el propio juez de garantías Jerónimo Mejía.

Aunado a esto, el mandatario no ha nombrado al reemplazo del magistrado Alejandro Moncada Luna ni a los suplentes de Cecilio Cedalise y Ángela Russo. Por lo que Abel Zamorano, quien es suplente del expresidente de la Corte Suprema, actúa ya como magistrado principal.'

Cifras

9 magistrados son con los que cuenta  la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

10 mil dólares mensuales es lo que gana  un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Tello y Asunción ya actúan como titulares en este caso por la inhabilitación de los magistrados Ayú Prado y Fábrega.

Por lo que si se declaran impedidos de conocer el caso de Ricardo Martinelli, habría que llamar a magistrados de los tribunales superiores de justicia para que suplan a los suplentes.

Algo que ya está sucediendo con el magistrado Luis Mario Carrasco, quien es miembro del Segundo Tribunal de Justicia.

Aunado a esto, Harry Díaz y Jerónimo Mejía no pueden actuar en el pleno de la Corte Suprema de Justicia porque están impedidos por ser fiscal y juez de garantías, respectivamente, en el caso del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.

Como si fuera poco, la Corte Suprema no ha podido renovar su directiva porque el mandatario Varela se niega a designar nuevos magistrados por temor a que la Asamblea Nacional de diputados se los rechace. Lo que evidencia que todo se debe a un cálculo político del presidente Varela.

En fin, la crisis institucional de justicia, y propiamente de la Corte Suprema, es profunda, a pesar de que el mandatario Varela, su principal promotor, lo niegue reiteradamente.

Todo sin nombrar la confabulación de la procuradora Kenia Isolda Porcell, grupos civiles y medios adeptos a Juan Carlos Varela que le meten presión a los magistrados, lo que les impide fallar con base en su sana crítica, la Constitución Nacional y la Ley.

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Situación que quedó demostrada cuando la procuradora Porcell hizo pública las revelaciones de una conversación que sostuvo con De León a manera de presión, luego de que se tenía conocimiento de que el caso de Ricardo Martinelli se bajaría al Ministerio Público.

Dos días después de esto, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió mantener la competencia en este caso, incluso hasta el propio magistrado presidente, Hernán De León, votó a favor de que el caso del expresidente Martinelli se mantenga en la Corte.

Mecanismo
Alfonso Fraguela, primer vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, indicó que en "la Corte se ha implementado un mecanismo que aquellos magistrados que no tienen suplentes, los suplen con suplentes de otros magistrados".

Lo cierto es que en la ausencia de los magistrados principales, los suplentes son los que tendrían que conocer de los casos.

Fraguela añadió que independientemente de esta situación, es evidente que hay una crisis que no se puede evitar, no solamente en la administración de justicia, sino también en los poderes Ejecutivo y Legislativo.