¿A quién debe 'pertenecer' la justicia comunitaria de paz?

La justicia de comunitaria de paz se ha convertido en un tema de debate durante los últimos años. Aunque en el último quinquenio llegaron a la Asamblea Nacional de Diputados al menos cuatro iniciativas, ninguna logró cambios concretos y con el inicio de un nuevo periodo legislativo, las propuestas vuelven a escena.

¿A quién debe pertenecer la justicia comunitaria de paz?, es uno de los puntos medulares que se discute actualmente sobre esta justicia.

El proyecto propuesto por el diputado Jorge Herrera pretende que pase a ser competencia del Órgano Judicial, mientras que el presentado por la diputada Yarelis Rodríguez indica que la Autoridad Nacional de Descentralización sería el brazo ejecutor, a través de la Dirección de Justicia Comunitaria (DIJUCO).

En este sentido, Narciso Machuca, abogado de la Asociación de Municipios y Alcaldes, destaca que la propuesta de Herrera la comparten la junta directiva de ambos gremios.

"Ellos consideran que  tomar el tema de la justicia de paz y extraerlo de los municipios sería la mejor decisión, pero esa justicia tiene que jugar un rol fundamental. La responsabilidad debiera estar bajo el esquema de la justicia formal", dijo Machuca.

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Por su parte Jorge Puga, asesor del Municipio de Chame, destacó que si  Descentralización se vincula a esta justicia habría un retroceso, por lo que coincide con la iniciativa  de Herrera, de que esta forme parte del Órgano Judicial.

Otro de los aspectos de debate se centra en la cantidad de población de los corregimientos en los que trabajan los jueces de paz, tomando en cuenta que hay algunos con múltiples casos, mientras en otros casi no hay actividad.

"A nivel nacional hay municipios rurales, semirurales, urbanos y semiurbanos.  En visitas nos encontramos con casas de paz en las que no había ni un solo caso en dos meses", destacó Cristina Díaz, jefa de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Procuraduría de la Administración.

Estos puntos fueron planteados recientemente durante un conversatorio liderado por la diputada Rodríguez. En este encuentro también se analizó el tema salarial, en el cual hay consenso con relación a que este actualmente es demasiado bajo (entre $500 a $700 mensuales).

Las recientes iniciativas plantean una escala de $2,000 para los jueces comunitarios urbanos y nocturnos, $1,500 para los rurales, para los mediadores $1,200, los secretarios $1000, unos $800 para los notificadores y $600 para trabajadores manuales.

Asimismo se hizo énfasis en que los jueces de paz sean abogados, lo que no comparten algunos ciudadanos capacitados en mediación.

"Allí hay personas que tenemos mucho conocimiento. No solo porque es abogado tiene que se juez de paz. A nosotros nos preparó la Procuraduría de la Administración", dijo Melvin Ramírez, capacitado con un certificado de mediador de jueces de paz.

Otro tema  planteado fue el concerniente a la seguridad, tomando en cuenta que muchos jueces de paz son amenazados debido a los casos que manejan.

Sobre la justicia comunitaria reposan en la Asamblea Nacional otras iniciativas, además de las mencionadas, las cuales se espera consensuar para avanzar en esta materia y que se puedan debatir próximamente.