Panamá
Fece ha distribuido $59.1 millones para mejorar las escuelas en el 2022
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Algunas regiones educativas con saldos altos del Fece son: Panamá Centro con $10,924,339.87; comarca Ngäbe Buglé $10,905,161.79; Chiriquí $8,365,505.15; Panamá Oeste $8,824,172.02.
La Oficina de Administración del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (Fece) del Ministerio de Educación (Meduca) dio conocer que la asignación de partidas para este 2022 fue de $59.1 millones, para distribuirlos en 3,277 centros escolares que registran matrícula de 831,082 estudiantes.
Según información suministrada por la directora del Fece, Mireida de Gracia, se han tramitado –de enero a noviembre– $16.6 millones de balboas para pagos de la primera partida 2022 para 2,816 centros educativos que reportan 563,614 alumnos matriculados. En ese mismo periodo se transfirieron $36.8 millones para pagos de partidas correspondientes a años anteriores.
Informó que algunas regiones educativas con saldos altos del Fece son: Panamá Centro con $10,924,339.87; comarca Ngäbe Buglé $10,905,161.79; Chiriquí $8,365,505.15; Panamá Oeste $8,824,172.02.
Se transfirieron $210,000 en el periodo de enero a noviembre del 2022, por la participación en la Orden Manuel José Hurtado, que beneficia a 4,883 alumnos.
Para ese mismo periodo (enero-noviembre 2022) se transfirieron $56,150 en apoyos extraordinarios, que servirán a 5,343 alumnos.
Como compromisos para proyectos de ingeniería y arquitectura en centros educativos de toda la geografía nacional $17.8 millones; arrendamientos de planteles escolares por $854,137.60, $576,126.27 y en compra de mobiliario $1.3 millones en el programa de Plan Solidario de Servicios Móviles.
De Gracia detalló que en pago en tránsito para proveedores, a noviembre 2022, se asignaron $5.3 millones. Mientras que, de los recursos excedentes se transfirieron $2.9 millones para pagos a proveedores de proyectos educativos, en cuentas en tránsito se tienen $568,198.50 para cancelar a proveedores.
El Fece puede ser utilizado por los directores de escuelas oficiales del país para garantizar las condiciones mínimas indispensables y que el proceso enseñanza-aprendizaje, se desarrolle con equidad y calidad.
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