Ecologistas insisten en que se declare área protegida a la isla Boná
- Adiel Bonilla
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El anteproyecto de ley fue presentado nuevamente por la vía de participación ciudadana con una modificación, que es la instalación de un comité científico.

Empresa pretende construir petroterminal en la isla. Archivo
El anteproyecto de ley que busca declarar a la isla Boná como área protegida, y que los ecologistas no lograron que los diputados le dieran trámite en la legislatura anterior en la Asamblea Nacional (AN), fue presentado nuevamente por la vía de participación ciudadana, pero con un nuevo anexo que impediría que las autoridades de turno autorizaran acciones que impacten negativamente en la isla y sus recursos naturales.
"Le hemos puesto una modificación, y es la instalación de un comité científico que decide todo sobre isla Boná", explicó el proponete Donaldo Sousa.
El reconocido ecologista precisó que dicho comité estaría conformado por delegados de estamentos de seguridad, comunidades aledañas, gremios, el Colegio de geólogos, entre otros, "y así replicar el ejemplo que tenemos en el Parque Metropolitano, donde logramos en la década de 1980 que fuera administrado por medio de un patronato".
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Esto cambiaría el modelo actual que aplica en las áreas protegidas, donde el Gobierno Central, por medio del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), decide sobre diversos tópicos de impacto.
"Por el contrario, en nuestra propuesta, MiAmbiente ejecuta las decisiones que en primera instancia toma el comité científico, que a su vez lo hace con una amplia participación ciudadana, como debe ser", expresó Donaldo Sousa.
El experto en derecho ambiental advirtió que existe una larga lista de decisiones de MiAmbiente y del Gobierno Central que demuestran que "no protegen absolutamente nada".
'26
de marzo de 2019 se entregaron firmas para exigir a MiAmbiente que suspenda petroterminal en la isla Boná.
34
hectáreas tendría el impacto de este proyecto en isla Boná, con riesgo para la flora y la fauna.
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En el caso particular de isla Boná, los ambientalistas se oponen a la construcción de un proyecto petroterminal que pretende desarrollar la empresa Bona Pacific Corp, que incluso ya firmó un contrato de arrendamiento de 34 hectáreas en la isla. El contrato fue avalado por el Consejo Nacional Económico, instancia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.
Recientemente el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, se comprometió a instalar el Consejo Consultivo de Ambiente que aparece en la ley, pero que los dos ministros anteriores de MiAmbiente se negaron a convocar.
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