PANAMÁ
Familias del programa Techos de Esperanza en San Carlos, sin esperanza de electricidad
El problema de estas familias para tener luz se produce al no contar con el certificado de ocupación que expide el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.
- Eric Montenegro
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- - Actualizado: 29/9/2024 - 03:53 pm
La situación de las familias fue dada a conocer a las autoridades del Miviot, para que presenten alguna respuesta. Foto. Eric Montenegro
Varias familias del distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, beneficiadas con el programa habitacional Techos de Esperanza, viven sin electricidad en sus hogares ante la imposibilidad de contratar el servicio con la empresa de energía eléctrica.
El problema se produce al no tener las familias el certificado de ocupación que expide el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.
Estos permisos de ocupación debieron ser tramitados por las empresas constructoras a las cuales el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) adjudicó contratos para ejecutar este programa en el distrito de San Carlos.
Antonio Pope, alcalde de San Carlos, asegura que durante el pasado gobierno “los contratistas hicieron lo que les dio la gana”.
Asegura además que, existen familias beneficiadas con el programa Techos de Esperanza 15 años atrás y que aún no han podido formalizar sus contratos de suministro de energía eléctrica al no contar con el permiso de ocupación.
Esta situación fue presentada por el alcalde Pope ante el viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Fernando T. Mendoza, durante la sesión del concejo provincial de representantes de Panamá Oeste.
Pope afirmó que es una “situación triste y dolorosa” la que enfrentan las familias que deben ingeniárselas para poder contar con electricidad.
Por su parte, el viceministro, Mendoza, se comprometió a revisar esta situación, la cual también ha sido expuesta por alcaldes de otras provincias del país.
Una opción, para costear el pago de los certificados de ocupación que requieren las familias, sería deducirlo del monto que el gobierno adeuda a las empresas que ejecutaron estos proyectos, no obstante, correspondería a los municipios hacer los cálculos.
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