Solo el 8.9% firmó revocatoria de José Luis Fábrega

Bien podría decirse que el alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, ratificó su cargo de jefe de la comuna capitalina por segunda vez. Y es que el Tribunal Electoral confirmó que el proceso de revocatoria de mandato, por iniciativa popular, que se abrió en su contra, fue archivado.

Dicho archivo se dio mediante la Resolución N° 303 DROEPC/DJ, emitida el pasado 19 de agosto, tras cumplirse el plazo de 120 días otorgado para la recolección de las firmas de apoyo y no se logró la cantidad establecida.

El proceso de recolección de firmas se inició el pasado 20 de abril y culminó el jueves 18 de agosto. Según el Tribunal Electoral, solo se lograron recolectar 17,780 firmas, lo que representa el 8.94%; sin embargo, eran necesarias 198,920 firmas de respaldo, de acuerdo con lo que corresponde al 30% del padrón electoral establecido para el cargo de alcalde del distrito capitalino en las elecciones de 2019.

La cantidad de firmas requeridas no se completó, a pesar de que el Tribunal Electoral, mediante el Decreto 23 de 19 de abril de 2022, habilitó "los días inhábiles feriados y nacionales para que las oficinas regionales de Organización Electoral de Panamá, Centro, Panamá Este, Panamá Norte y la Oficina Regional Especial de Panamá Centro recibieran y tramitaran las firmas de respaldo requeridas".

El proponente de la iniciativa de revocatoria de mandato, el abogado Roberto Ruiz Díaz, no logró recolectar ni el 10% de la firma.

A pesar de la efervescencia con la que se hablaba del tema en los medios, se podría decir que Fábrega derrotó el proceso de revocatoria que se inició en su contra.

La solicitud presentada por Ruiz Díaz para abrir el proceso argumentaba falta de transparencia, falta de consulta ciudadana en proyectos importantes, el abandono de otros proyectos, malos manejos presupuestarios, así como la asignación de viáticos y gastos de movilización.'

17,780

firmas de apoyo logró recolectar Roberto Ruíz Díaz, proponente del proceso revocatorio.

198,920

firmas eran requeridas para convocar un referendo en el que se decidiría el destino del alcalde

Fracaso

"Fue una oportunidad para demostrar que el sistema es democrático y demostró que el alcalde está siendo respaldado por el 90% del electorado", es la lectura que le da Ramón Ashby Chial, representante de Calidonia y presidente del Consejo Municipal de Panamá.

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El concejal propone, luego de este ejercicio, que la ley electoral sea modificada para que no se contemple la figura de la revocatoria y que las autoridades elegidas por votación popular cumplan con el periodo para el cual fueron escogidos.

"Es prudente ser conscientes de que el pueblo ha dado un mensaje alto y claro de que quien haya sido elegido para un periodo debe culminarlo", expresó Ashby Chial.

La Constitución Política panameña se refiere en sus artículos 151 y 227 a la revocatoria de mandato, pero solamente de diputados y representantes de corregimiento.

Es el Código Electoral el que establece la revocatoria de mandato para los alcaldes, desarrollada en cinco artículos y reglamentada mediante el decreto 49, del 24 de noviembre de 2020.

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Para el presidente del Consejo Municipal capitalino este proceso al final representa un doble gasto para el Estado en medio del ciclo electoral y podría hasta ser catalogado como un 'golpe civil'.

"Al final yo siento que puede ser un mensaje no claro para la sociedad, en el que se puede generar, incluso, un golpe de Estado civil, porque hoy en día le tocó al alcalde, pero puede ser para presidente, para diputado y siento que necesita modificarse esa ley", consideró Ashby Chial.

En este quinquenio, el Tribunal Electoral ha puesto en práctica la ejecución de artículos constitucionales que permiten la iniciativa ciudadana. Primero, fue ejecutar lo que dice el artículo 314 de la Constitución para la convocatoria de una Asamblea Constituyente Paralela.

Tres movimientos se activaron para tratar de recolectar 581 mil firmas, trabajo colosal que al final no pudo ser cumplido, con todo y que entre sus activistas había dirigentes empresariales y de partidos políticos con capacidad para enfrentar los gastos que exigía el proceso.

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Luego, adopta la reglamentación de la revocatoria, la cual, a la fecha, solo hay una activa contra la representante de Chicá.

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