Llamado a sesiones extraordinarias, un esfuerzo innecesario

El llamado a sesiones extraordinarias que hará esta semana el Ejecutivo para que los diputados de la Asamblea Nacional evalúen las designaciones pendientes para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), podría suponer un nuevo desgaste para el Gobierno, pero a la vez la puesta a prueba de una institucionalidad cada vez más debilitada.

Han pasado 10 meses desde que la Asamblea (inicialmente complaciente con el Gobierno) le propinó el más contundente revés a la gestión del presidente Juan Carlos Varela, al rechazar sus candidatas a magistradas Ana Lucrecia Tovar de Zarack y la fiscal Zuleyka Moore.

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Esto daría inicio a una guerra de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, y -de paso- sumiendo a la administración de justicia en una crisis sin precedentes.

Pero ¿cuánto ha cambiado desde entonces hasta ahora esta medición de fuerza de los poderes del Estado? ¿Están las condiciones dadas hoy para un llamado a sesiones extraordinarias con la garantía de completar las ratificaciones sin sobresaltos?

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Claves

Escollos: Se anunció que este 20 de noviembre se estaría reuniendo el Consejo de Gabinete para votar por las designaciones, que seguramente ya han sido definidas por el presidente Varela.

Pero quienes resulten designados deben ser sometidos nuevamente a la Comisión de Credenciales y -de pasar esta primera instancia- al pleno de la Asamblea.

Poco optimismo: Este proceso podría dilatarse, por lo que algunos sectores de la sociedad anticipan que podría entrar el año 2019 sin que se hayan definido los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Adicional, en la sesiones extraordinarias también se discutiría la Ley de Evasión Fiscal y la ratificación de las directivas de la CSS y del Banco Nacional de Panamá.

"Existe baja probabilidad de que los diputados le aprueben al presidente Varela a sus designados. Así que lo más lógico hubiera sido que no realizara este llamado a sesiones extraordinarias", opinó Jované.

Con este planteamiento coinciden diputados opositores y de la Comisión de Credenciales. No obstante, están obligados a sumarse al llamado a sesiones (desde el 21 o 22 de noviembre), aunque advierten que no será un proceso fácil.

Sobre todo porque el rechazo de Moore y Tovar gravitó en su falta de independencia. Y algunos de los nombres que suenan para este nuevo intento de ratificación evidencian nexos con el Ejecutivo.

Es el caso del abogado personal de Juan Carlos Varela, Rogelio Saltarín; de Olmedo Arrocha, actual jefe de Programación e Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); y del propio magistrado en funciones Jerónimo Mejía.

Sobre el posible interés de Juan Carlos Varela en mantener en el cargo a Mejía, también juez de garantías en el caso Martinelli, el abogado Ernesto Cedeño dijo que no sería lo más prudente, porque no aplicó a la reelección y, por ende, no fue sometido a las consultas de la Comisión de Estado por la Justicia.

"En esta ocasión [Varela] se debe circunscribir a aquellas personas que aplicaron voluntariamente, porque así fortalece el proceso", recomendó Cedeño.

Ayer la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá resumió así la realidad nacional: "El deterioro institucional que registra el país se resiste a cualquier pronóstico optimista, al menos en lo inmediato. Esta crisis hace rato tocó fondo y no nos permite continuar buscando excusas ni remedios a medias".