Violencia impulsa migración

JALAPA, Guatemala — Subieron la ladera en fila, sus machetes golpeando contra las piedras a lo largo del sendero oscuro.

Gehovany Ramírez, de 17 años, condujo a su hermano y otro cómplice a la casa de su ex novia. Golpeó la puerta de madera con su machete.

Lubia Sasvin Pérez, su ex novia, lo había dejado un mes antes, huyendo de su violento mal genio y refugiándose en casa de sus padres, en Jalapa, en el sur de Guatemala. Con cinco meses de embarazo, la joven de 16 años temía perder al niño a causa de la ira de él.

VEA TAMBIÉN: No existe un 'gen gay', hay muchos factores

Sasvin Pérez y su madre salieron y le rogaron que se fuera, dijo la joven. Él, impasible, levantó el machete y le atestó un golpe en la cabeza a su madre, matándola.

Su padre salió apresurado. Sasvin Pérez recordó haber visto con horror cómo los otros hombres se abalanzaron contra él, partiéndole la cara.

Para los fiscales, los jueces e incluso los abogados defensores en Guatemala, el caso ejemplifica el flagelo de violencia doméstica en el país, motivado por un arraigado sentimiento de propiedad sobre las mujeres y el lugar que ellas ocupan en las relaciones.

Pero en lugar de enfrentar las penas más severas destinadas a detener esos crímenes en Guatemala, Ramírez sólo recibió una condena de cuatro años en prisión. Más de tres años después del ataque, será liberado la próxima primavera, tal vez antes. Bajo las leyes guatemaltecas, Ramírez tiene derecho de visitar a su hijo tras salir de prisión, de acuerdo con funcionarios judiciales en Guatemala.

La perspectiva de su regreso sacudió a la familia al grado de que el padre de Sasvin Pérez, quien sobrevivió al ataque del 2015, vendió su casa y usó el dinero para pagarle a un coyote para ir a Estados Unidos. Ahorita vive en las afueras de San Francisco y tiene sus esperanzas puestas en obtener asilo para salvaguardar a su familia.

Pero eso parece más distante que nunca. La Administración de Donald Trump ha golpeado al meollo de las solicitudes de asilo basadas en violencia doméstica o en amenazas contra familias como la de Sasvin Pérez.

“¿Cómo puede ser esto justicia?”, dijo la joven antes de que huyera su padre. “Todo lo que hice fue dejarlo porque me golpeaba y él nos quitó a mi madre. ¿Qué clase de sistema lo protege a él y no a mí?”.

Toda América Latina vive una epidemia de homicidios. Más de 100 mil personas son asesinadas la mayoría de los años, principalmente hombres jóvenes que son víctimas de las pandillas y los cárteles. La zozobra ha obligado a millones a buscar refugio en EU.

Pero la violencia contra las mujeres, y la violencia doméstica en particular, es un factor poderoso —y a menudo pasado por alto— en la crisis migratoria. En Latinoamérica y el Caribe se encuentran 14 de los 25 países más mortales del mundo para las mujeres.

Para obtener asilo en Estados Unidos, los solicitantes deben presentar evidencia específica de que son víctimas de persecución en su país natal por motivos como su raza, religión, afiliación política o por pertenecer a un grupo social específico. El año pasado, el ex Procurador General Jeff Sessions cuestionó si las mujeres que huyen de la violencia doméstica pueden ser miembros de un grupo social, anulando una práctica común en los tribunales de asilo. En julio, el nuevo Procurador General, William P. Barr, fue más lejos, haciendo más difícil también que las familias califiquen como grupos sociales.

La violencia contra las mujeres en la región es tan prevalente que 18 países han promulgado leyes para protegerlas, creando una clase de homicidio conocido como feminicidio, que añade penas más severas y una mayor atención al problema por parte de las autoridades.

VEA TAMBIÉN: 'Zimdancehall' le canta al Gobierno de Zimbabue

Aunque las pandillas y los cárteles juegan un papel en la violencia, la mayoría de las mujeres son asesinadas por sus parejas, familiares o esposos —hombres enojados porque las mujeres actúan de manera independiente o enfurecidos por los celos.

“Los hombres acaban pensando que pueden disponer de las mujeres como les plazca”, dijo Adriana Quiñones, representante de ONU Mujeres para Guatemala.

La inmensa mayoría de los feminicidios en la región nunca se resuelve. En Guatemala, sólo cerca del 6 por ciento resulta en condenas judiciales. Y en las raras ocasiones en que así sucede, como en el caso de Sasvin Pérez, no siempre se procesan con todo el peso de la ley.

En la sala del tribunal, el padre de Lubia, Romeo de Jesús Sasvin Domínguez, habló una sola vez. No tenía sentido, dijo. ¿Cómo era posible que las leyes favorecieran al hombre que mató a su esposa y que dañó a su hija?

“Teníamos una vida juntos”, le dijo al juez, al borde del llanto. “Y él vino y nos quitó eso”.

Es el ‘pan de cada día’

Aislada de las ciudades guatemaltecas más grandes, Jalapa es una versión concentrada de la desigualdad de género que alimenta la crisis de feminicidios, dicen los expertos. De las varias docenas de denuncias que reciben las autoridades de Jalapa cada semana, alrededor de la mitad involucra violencia contra mujeres.

“Es el pan nuestro de cada día”, comentó Dora Elizabeth Monzón Rivera, la fiscal para asuntos de mujeres en Jalapa. “A las mujeres les toca mañana, tarde y noche”.

La parte más impactante es que a la mayoría de los hombres les cuesta entender qué hicieron mal, dijo el juez Eduardo Alfonso Campos Paz.

El problema no se elimina fácilmente promulgando leyes o aplicándolas, dijo, debido a una mentalidad arraigada en los niños desde temprana edad y reforzada a lo largo de sus vidas.

“Nos dan la formación de ser servidos, y cuando eso no se logra comienza la violencia”, afirmó.

Bajo la ley contra el feminicidio, todas las regiones del país tenían que instalar un tribunal especializado centrado en la violencia contra las mujeres. Pero más de una década después, solo 13 de 22 están en operaciones.

“El abuso por lo general ocurre en el hogar”, explicó Evelyn Espinoza, coordinadora del Observatorio de Violencia del grupo de investigación Diálogos. “Y el Estado no se involucra en el hogar”.

Camino al norte

Romeo de Jesús Sasvin Domínguez se despertó repentinamente, sobresaltado por una idea.

En un solo día hizo todos los arreglos. Vendería su casa y usaría el dinero para huir a Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN: Industria se paraliza por demasiados diamantes

Los 6 mil 500 dólares que obtuvo eran suficientes para comprar pasajes para él y su hija menor, que entonces tenía 12 años. Esperaba alcanzar a sus dos hijos en California. Con suerte podría encontrar trabajo, mantener a las niñas en Guatemala y lograr que le dieran asilo a toda la familia.

Una semana más tarde, en octubre del año pasado, se fue con su hija. Un guía los ayudó a cruzar a México. Pronto llegaron a una autopista, donde estaba estacionado un tractocamión.

A principios de noviembre llegaron a la ciudad fronteriza de Reynosa, México. Un día después, padre e hija abordaron una lancha y entraron a Estados Unidos, donde se encontraron con una camioneta de la Patrulla Fronteriza y se entregaron.

Sasvin Domínguez dijo que él y su hija pasaron cuatro días en Texas, en un centro de detención sin ventanas. Cuando los liberaron ese mismo noviembre, a Sasvin Domínguez le colocaron un grillete electrónico de monitoreo en el tobillo y le dijeron que tenía que reportarse con las autoridades migratorias de San Francisco, donde podía iniciar el largo proceso de la solicitud de asilo.

Él y su hija hoy viven en el modesto departamento de una recámara de uno de sus hijos. Pero Sasvin Domínguez sigue suspendido en la tristeza y el miedo que dejó en Guatemala: sus hijas mayores todavía están atrapadas y no hay dinero para traerlas.

Su única esperanza es el asilo, afirmó.

Le han dicho que eso podría tardar años, si es que ocurre. En los tribunales se apilan los casos pendientes. Ni siquiera le han dado una fecha para su primera audiencia.

Sin nada

Atrapadas en Guatemala, Sasvin Pérez y sus otras dos hermanas se mudaron a un pequeño departamento donde comparten una cama individual. En la pared hay un retrato de su madre.

Todas trabajan, hacen tortillas en el pueblo y al salir van directamente a casa, para evitar que las vean. Hace poco, Sasvin Pérez se topó con la madre de Ramírez.

A veces visitan la tumba de su madre, un bloque de concreto verde rodeado de nopales.

“Nos quedamos aquí sin nada”, dijo Sasvin Pérez.

Ella todavía lleva el estigma de lo que sucedió. Los vecinos, hombres y mujeres por igual, siguen culpándola por la muerte de su madre. Ahora con 20 años, dice que entiende que las mujeres casi siempre cargan con la culpa de los problemas en casa.

Le preocupa el mundo en el que crecerá su hijo, lo que ella pueda enseñarle y lo que él acabará por creer. Un día le contará sobre su padre, dice.

Para entonces, espera estar en Estados Unidos, libre de la pobreza, la violencia y las asfixiantes restricciones para las mujeres en Guatemala.

“Aquí en Guatemala la justicia sólo existe en las leyes. No en la realidad”, dijo.

Meridith Kohut y Paulina Villegas brindaron reportes