Solución de crisis del IVM, ligada a fortalecimiento de finanzas públicas

La solución a la crisis del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) es un punto clave para el fortalecimiento de las finanzas públicas y una condición ineludible para que Panamá recupere el grado de inversión, al menos así lo plantean economistas y especialistas en el tema.

En ese sentido, el especialista en inserción laboral y temas económicos René Quevedo señala: "La solución a la crisis financiera del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es uno de los puntales claves del fortalecimiento de las finanzas públicas y condición ineludible para recuperar el recientemente perdido grado de inversión de la deuda soberana panameña por parte de Fitch Ratings, a raíz de las crecientes presiones fiscales y el deterioro de la gobernabilidad del país".

Explica que las finanzas del Programa IVM no es un debate ideológico, sino una realidad matemática a la cual hay que buscarle una salida adecuada.

Es de la opinión que mejorarlas requerirá capacidad para construir consensos y mantener el país en paz, capacidad que Fitch Ratings cuestiona, dados los acontecimientos de octubre y noviembre 2023, a raíz del conflicto minero y que borraron la imagen de Panamá como un país pacífico, proinversión privada.

"La solución de la crisis del IVM no puede ser pospuesta, máxime cuando, según Mitradel, el cierre de la mina ocasionó un aumento de 1.5% en la tasa de desempleo, lo cual implica que se perdieron más de 31,400 empleos", destaca.

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Adicionalmente, señala que el Gobierno no tendrá los $375 millones de ingreso de la actividad minera y el Canal estará aportando $700 millones menos al fisco, producto de la sequía.

Plantea que solucionar la situación financiera del Programa IVM y resolver la grave crisis de liquidez que enfrenta la economía panameña son dos de los retos más importantes que enfrentará el Gobierno del presidente electo José Raúl Mulino a corto plazo.'

3%

Pronostica CEPAL que crecerá la economía panameña en el año 2024.

 

7.4%

de desempleo cerró Panamá el 2023, cifra que se espera que baje en el 2024.

 

Recuerda Quevedo que en la actualidad la economía panameña no genera empleo formal, lo genera el Gobierno, con plata prestada.

"Esto no es sostenible y requiere transmitir confianza de que invertir en Panamá es buen negocio", indica.

Sin inversión privada, según el especialista seguiremos generando informales y condenando a la CSS a una muerte segura, hagamos lo que hagamos. Sin cotizantes, la CSS no existe.

Otro aspecto que resalta es que sin confianza no habrá empleos de calidad, ni "chen chen" en el bolsillo de nadie.

Por su parte el economista René Bracho considera que el hecho que el país establezca un consenso nacional para atender el problema del Programa de IVM es un requisito importante para proyectar a los mercados internacionales y para garantizar una imagen de estabilidad macroeconpomica y mostrar perspectivas importantes e interesantes para la economía panameña en general en términos de su desarrollo sostenible.

Señala Bracho: "Recordemos que el aspecto de la seguridad social es un elemento del bienestar humano, y el bienestar humano es una condición para avanzar en términos de desarrollo sostenible".

Bracho explica que el reto que se tiene por un lado es hacer frente a la dinámica demográfica de nuestra población, ya que según los datos el último censo nos estamos envejeciendo como población en términos demográficos; y por otro lado las implicaciones que esto puede tener en términos de seguridad social combinado con el incremento que se ha dado en la informalidad.

"Todo esto tiene un impacto estructural en el funcionamiento de nuestro sistema de seguridad social, específicamente el del IVM", manifiesta el economista.

En tanto el economista Olmedo Estrada destaca que el tema del Seguro Social lo están asociando casi en un 100% con el Gobierno, pero él señala que la CSS desde la perspectiva real es una institución que pertenece a los asegurados, " lo que pasa es que cómo el Gobierno pone una parte de los recursos se ha entendido que la institución pertenece al 100% al Gobierno".

"Lo que ha ocurrido últimamente es que le han asignado al Gobierno el 100% de la responsabilidad de la seguridad social y no debería ser así", resalta Estrada.

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