Amnistía Internacional: "No esperábamos un alto nivel de brutalidad en Chile"

La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara, reconoció este jueves sentirse "sorprendida" por la brutalidad mostrada por las fuerzas de seguridad durante el estallido social que vive Chile desde hace un mes y que es el más grave desde el retorno de la democracia en 1990.

En una entrevista con Efe, Guevara denunció que tanto el Ejército como los Carabineros (nombre de la Policía chilena) han hecho un uso excesivo e innecesario de la fuerza para intencionalmente "dañar" a los manifestantes y "desincentivar" las protestas, y pidió extender las investigaciones a los altos mandos de ambos cuerpos.

Las manifestaciones en Chile, que se iniciaron el 18 de octubre tras el aumento en la tarifa del metro de Santiago y se convirtieron luego en un clamor contra el desigual modelo económico del país, han dejado al menos 23 muertos -cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado- y más de 2,300 heridos, de los cuales más de 220 presentan traumas oculares severos, según organizaciones locales.

La Fiscalía ha registrado además más de 1,100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos.

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Pregunta (P): ¿Les ha sorprendido esta respuesta tan represiva por parte de un país como Chile, con los niveles de desarrollo más altos de la región?

Respuesta (R): Es lamentable. Nosotros hemos tenido que enviar a nuestro equipo de crisis, un equipo que cubre generalmente situaciones de gran magnitud y que este año ha estado en Honduras y en Venezuela, países donde generalmente vemos una constante de violaciones a los derechos humanos. En Chile, efectivamente, ha habido una intencionalidad de lastimar a las personas para intentar silenciarlas.

Nuestra directora @ErikaGuevaraR desde #Chile, presentado los hallazgos en nuestra investigación de respuesta rápida. https://t.co/a4pkIavtER— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) November 21, 2019

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Hemos verificado cientos de videos de evidencias de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y los Carabineros en #Chile durante las recientes manifestaciones... y esto fue lo que encontramos ⬇️ pic.twitter.com/7nx4tnTjbZAmnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) November 21, 2019

Por un lado, por supuesto que hay un factor sorpresa. No esperábamos que el Estado respondiera de esta manera tan brutal y atroz, pero por otro lado tampoco es tan sorpresivo porque durante años hemos venido denunciando casos de abusos policiales por parte de los Carabineros en manifestaciones de mapuches (el pueblo indígena más mayoritario del país).

P: En un durísimo informe publicado este jueves, dicen que las responsabilidades no deben limitarse a los agentes que dispararon, ¿están pidiendo la dimisión de los altos mandos del Ejército y Carabineros?

R: Lo que estamos pidiendo son investigaciones que tomen en consideración que esto se trata de ataques generalizados en contra de la población. Decimos que son generalizados porque se requiere de un nivel sofisticado de coordinación para mantener la represión por tanto tiempo y en diferentes lugares. No es suficiente investigar a quien cometió directamente la violación a los derechos humanos, también se tienen que investigar a los mandos que o bien ordenaron o bien toleraron los atropellos.

P: ¿Es el presidente Sebastián Piñera responsable de estas violaciones a los derechos humanos?

R: El presidente es responsable, primero y sobre todo, porque es el principal encargado de la protección de los derechos humanos de toda la población en Chile. El llamado inmediato que nosotros le estamos haciendo es que tiene que detener la represión. Tanto su discurso como las acciones de gobierno, han generado condiciones para que se cometan estas violaciones a los derechos humanos.

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P: Hay muchos chilenos que durante este mes se han acordado de los peores tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), sobre todo al inicio de la crisis cuando se impuso el toque de queda y los militares salieron a la calle, ¿es una reacción exagerada o entendible?

R: No podemos dejar a un lado los precedentes históricos nefastos que existen en nuestra región y particularmente en Chile. No se ha podido garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de una dictadura que pareciera lejos en el tiempo, pero que en realidad se terminó hace solo 30 años. Ver a militares en las calles, cuando todavía hay generaciones enteras que vivieron la dictadura, sin duda alguna es una locura.

P: En el informe con las conclusiones de su visita al país, recomiendan a las autoridades emprender una reforma "seria y profunda" de la policía, ¿en qué debe consistir ese cambio?

R: Esta es una solicitud histórica de las organizaciones de derechos humanos y que tiene que ver con la refundación de la Policía. Una reforma que va desde las cosas más superficiales, como el entrenamiento o la reorganización, hasta la naturaleza misma de los Carabineros, que tiene que ser totalmente civil y alejarse de la historia reciente de una policía militarizada.

P: Los asociaciones médicas de Chile hablan de una "epidemia" de mutilaciones oculares inédita en el país, con más de 220 casos, ¿han visto cifras parecidas en otros conflictos de la región?

R: Tristemente, Chile se anota el récord. He estado documentando situaciones de represión violenta en países como Nicaragua, donde más de 320 personas fueron asesinadas el año pasado en protestas, o Venezuela, pero nunca habíamos visto algo así. Esto nos habla precisamente de ese patrón regular y constante que ha tenido esta represión violenta.

P: ¿Creen que la Justicia chilena está capacitada para juzgar estas violaciones a los derechos humanos?

R: Amnistía Internacional confía en las instituciones del Estado. Nos parece que la Fiscalía ha realizado una gestión apropiada, ha iniciado investigaciones que tienen que extenderse a los mandos, pero sin duda confiamos en la institucionalidad y en el poder judicial. Esperemos que esté a la altura y que pueda garantizar precisamente el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas.