Situación en el país está destruyendo el Estado de Derecho

 La defensa de Ricardo Martinelli considera que lo que está sucediendo en el país es grave y lamentable, ya que están destruyendo el Estado de Derecho.

En conferencia de prensa, el equipo legal del expresidente, repasó las irregularidades que se cometieron en el caso New Business.

El abogado Luis Eduardo Camacho González explicó que en un país serio no puede existir una condena sobre la base de testigos que se ocultaron a la defensa.

Agregó que a través de las audiencias públicas el pueblo panameño ha podido percatarse del nivel de arbitrariedades que se han dado en este proceso.

“En el caso de New Business no solo hablamos de testigos que escondieron a la defensa. Hablamos de testimonios que le fueron negados en el periodo de prueba”, mencionó.

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Según Camacho, hubo testimonios que los presentaron como testigos protegidos, pero también como personas naturales y que en medio de la audiencia presentaron incapacidades.

Destacó que a pesar de que su incapacidad no excedía de la fecha que se había estipulado para la audiencia y que la defensa solicitó que estas personas comparecieran al juicio, la juez Baloísa Marquínez y el fiscal Emeldo Márquez hicieron todo para que estas personas no comparecieran.

Camacho dijo que no tienen la menor duda de que cuando los tribunales internacionales entren a conocer de esta decisión van determinar la responsabilidad internacional del Estado.

Enfatizó que aquellas personas que se prestaron para llevar un proceso violando los derechos, violando la ley van a tener que rendir cuentas al país.

Por su parte, el abogado Carlos Carrillo reiteró que la orden de captura contra Martinelli es ilegal y cuestionó el hecho de cómo se puede ordenar la detención de una persona  que está bajo las órdenes de otro Tribunal .

“Es grave el asunto, una persona con la acción fundamental de protección a su libertad no le importó a la funcionaria acusada, porque la demandada como responsable de la orden ilegal de medidas cautelares fue la propia que hizo la orden de detención”, destacó.

Para Carrillo, es gravísimo que una persona amparada bajo un habeas corpus, la misma funcionaria ordenó su detención por encima de eso.

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