'Procuraduría paralela' sin justificación legal

La procuradora Kenia Porcell rompió ayer el silencio con respecto al escándalo acerca de una "Procuraduría paralela" que operó desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) e inmediatamente se alineó con el argumento de otros voceros del Gobierno, al tratar de justificar estas "preinvestigaciones", supuestamente, por estar permitidas en el decreto que creó el Consejo de Seguridad Nacional. 

Porcell, visiblemente inquieta por la pregunta, respondió poniendo en duda las entregas de periodismo investigativo en las que se le señala de participar, junto al secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando "Picuiro" López, de procesos ilegales para "armar" casos contra exfuncionarios de la administración anterior y adversarios políticos de este gobierno.

Dijo que las serias acusaciones publicadas en las últimas semanas no pueden llegar a una "conclusión objetiva e imparcial", pues les faltó agregar un estudio de la Constitución sobre las funciones y competencias de la Procuraduría General de la Nación.

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También opinó que hizo falta esbozar otros tres elementos: la Ley de Transparencia, la ley de los abogados "y el decreto que crea el Consejo de Seguridad".

De manera puntual, Kenia Porcell descalificó el trabajo de La Estrella de Panamá así: "el documento entra en confusiones". Y todo lo que se ha publicado sobre este tema lo tildó de "refrito".

La funcionaria concluyó excusando su silencio: "A mí no me queda más que llegar a la conclusión de que esto es lo que ustedes llaman sofrito, refrito, una de esas cosas... ¿Qué voy a decir? No puedo decir más porque también hay una realidad: por ese refrito me han denunciado; entonces, yo no puedo hablar".'

La frase

Por más que traten de defender las acciones ilegales del Consejo de Seguridad que se rige por decretos, jamás un decreto estará por encima de nuestra Constitución. Todo el proceso de investigación penal, constitucionalmente, tiene que hacerlo el Ministerio Público. Juan Carlos Tapia - Analista político

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Sobre esta excusa, llama la atención que mucho antes de las publicaciones de La Decana (del 1 al 4 de octubre de 2018), Panamá América y otros medios ya habían denunciado esta trama para "armar" casos políticos señalando directamente a Porcell. Pero ella, pudiendo responder todo este tiempo, guardó silencio, y ahora se escuda en que no puede hablar por una denuncia en su contra presentada el 8 de octubre.

También llama la atención que Porcell pida a los periodistas citar el decreto que creó el Consejo de Seguridad, un argumento a manera justificación para todos los atropellos cometidos por "Picuiro" López, que también ha abanderado el fiscal de cuentas, Guido Rodríguez (nombrado por Varela).

El fiscal de cuentas incluso llamó "alharaca" todo el revuelo mediático surgido tras la confirmación de investigaciones (previas al proceso judicial formal) desde el CSN, con la "asesoría" del abogado personal de Varela, Rogelio Saltarín.

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Guido Rodríguez dijo que el modificado Decreto 263 de 2010 (que respalda la creación del Consejo de Seguridad) le da la "función de intercambiar información relevante con el Ministerio Público" y que el trabajo previo que hizo el CSJ a la Procuraduría "no es nada exótico ni ajeno a sus funciones".

Esta argumentación fue rechazada categóricamente por el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Dionicio Rodríguez, quien advirtió que "el artículo 220 numeral 4 de la Constitución es claro: Le corresponde investigar delitos al MP".

"De que se armaron casos se armaron, y ahora quieren llamarle con otro nombre", dijo Rodríguez.

Esto fue corroborado por el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, quien afirmó: "La Constitución es la base fundamental de toda democracia. No podemos permitir que se deleguen o atribuyan funciones a otras personas que, obviamente, dentro de la Constitución no están enmarcadas".