Judicial
Piden que Kenia Porcell sea procesada por escuchas telefónicas
- Luis Ávila
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Entre los elementos que disminuyeron el valor probatorio están una errada formulación de la acusación, así como violación al derecho a defensa.
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Entre los elementos que disminuyeron el valor probatorio están una errada formulación de la acusación, así como violación al derecho a defensa.
El tribunal de juicio en el caso El Gallero determinó que el Ministerio Público de Kenia Porcell incurrió en escuchas telefónicas ilegales, actividad por la cual fue separada y condenada su antecesora en la Procuraduría de la Nación en el 2010.
En su veredicto, el Tribunal determinó que, entre otras fallas, el Ministerio Público realizó escuchas ilegales para iniciar el proceso contra los implicados.
Estas escuchas telefónicas no fueron aprobadas por la Sala Segunda Penal de la Corte Suprema como exigen las normas legales.
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Hay que recordar que el Ministerio Público llevó a juicio al expresidente Ricardo Martinelli por supuestas escuchas telefónicas, quien fue declarado no culpable por un Tribunal de Juicio.
El Tribunal del caso El Gallero acusó además al Ministerio Público de incurrir en "excesivas falencias, de violentar el derecho a la defensa, de usar pruebas ilegales, hacer una errada calificación jurídica, de falta de idoneidad de los testigos y de violar la cadena de custodia.
En ese sentido, Rigoberto Vergara, uno de los abogados defensores dentro de este proceso legal, indicó que la decisión de los jueces fue tomada en consideración de las pruebas que la Fiscalía de Drogas presentó en el juicio, el cual duró más de cuatro meses.'
21
de octubre del año 2017 inició la operación denominada El Gallero.
30
de octubre se hará la audiencia de lectura de sentencia por este proceso.
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Agregó que durante el proceso se pudo establecer que los abogados defensores nunca tuvieron acceso a las grabaciones de audios de las supuestas interceptaciones telefónicas a las personas involucradas en este caso, algo que es un mandato del Código Penal para garantizar el derecho a una debida defensa.
Precisó que durante el juicio el fiscal Markel Mora siempre alegaba que habían realizado las interceptaciones telefónicas por este caso de forma legal, sin embargo, no presentó una sola prueba que evidenciara que eso se hizo de esa manera.
"La oficina judicial, que es la custodia por ley de todas las resoluciones que emiten los jueces, certificó que ellos no tenían ninguna copia en sus archivos de resoluciones judiciales para realizar estas interceptaciones a estas personas", señaló el abogado defensor a Panamá América.
Ante los señalamientos hechos por los jueces Katia Rodríguez (presidenta), Aldo Jonhson (relator) y Marysol Osorio (tercer juez), quienes certificaron que el MP hizo escuchas no legalizadas dentro de este caso, hay quienes indican que la actual procuradora debe ser investigada.
En esa línea, el abogado Roiniel Ortiz señaló que ellos como defensa del expresiente Ricardo Martineli ya presentaron una denuncia contra la procuradora Porcell porque tuvieron conocimiento de la existencia de un metabuscador en el MP para darle seguimiento a personas y cuentas bancarias.
Ortiz indicó que la información que se tiene es que dentro del Ministerio Público interceptan llamadas telefónicas y realizan escuchas ilegales sin autorización judicial.
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"Nosotros pensamos que aquí se debe abrir una investigación a la señora procuradora Porcell, igual como se hizo con su antecesora Ana Matilde Gómez, al igual que muchos fiscales que están muy mal acostumbrado a estar manipulando pruebas y a estar haciendo las cosas al margen de la ley", manifestó el jurista a este medio.
Añadió que este señalamiento del Tribunal de Juicio es un segundo precedente porque no se puede hacer justicia cometiendo delitos, algo que han venido haciendo algunos miembros del MP asociados con funcionarios del Consejo de Seguridad del gobierno del expresidente Juan Carlos Varela.
Las 15 personas implicadas dentro de este proceso legal fueron acusadas por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, posesión ilegal de armas de fuego, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.
Dentro de su argumentación, los jueces señalaron que las excesivas falencias en las que incurrió el Ministerio Público disminuyeron el valor probatorio.
El próximo 30 de octubre el Tribunal dará lectura de su sentencia, fecha en que se espera que abunde en los errores e ilegalidades cometidas por los fiscales de Kenia Porcell.
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El Tribunal ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban sobre los imputados, siempre que no tengan otros casos pendientes.
Entre los implicados por el Ministerio Público figura el subsecretario general de gobernante PRD y exalcalde, Eudocio 'Pany' Pérez, comerciantes, policías y otros funcionarios oriundos de la provincia de Los Santos.
Desde el inicio del proceso, los acusados y sus abogados acusaron a la procuradora Porcell, al entonces presidente Varela y al exjefe del Consejo de Seguridad, Rolando López de armar este caso con base en consideraciones políticas.
Se espera que luego del veredicto se presenten denuncias contra el MP.
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