Laurentino Cortizo debe analizar como han ejercido el Derecho los postulados a magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, debe hacer un análisis profundo de cómo han ejercido el Derecho los candidatos a magistrado de la Sala Penal para elegir el próximo inquilino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así lo manifestó Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas.

"El principal problema no es que un asno se postule, es que alguien lo escoja. Realmente tenemos que poner la responsabilidad en quien tiene que escogerlo y esa responsabilidad la tiene el presidente de la República, Laurentino Cortizo, él tiene que escudriñar en la forma en que todas las personas que están en esa lista han ejercido el Derecho", enfatizó.

Advirtió que de manera muy particular el presidente debe enfocarse en gente como Baloisa Marquínez, Yiles Pittí y otros, han ejercido sus funciones a la hora de administrar justicia.

"Él tiene que valorar eso, porque en mi criterio particular, son gente que ni siquiera deberían ser juez, por la forma en que ejercen sus criterios, sin embargo, ese es un punto que yo respeto que puedan haber decisiones distintas. El presidente de la República se tiene que hacer valer de la mayor cantidad de opiniones de penalistas para ver cuales coinciden en ese aspecto", sentenció.

Argumentó que si el mandatario busca a todos los abogados penalistas que tienen una opinión sobre Baloisa Marquínez, va a saber que es una señora que ni siquiera merece ser juez, mucho menos puede ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

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"Esa juez tiene infinidad de fallos, resoluciones, que han sido revertidas por los Tribunales Superiores. De manera reciente, tuvo una nulidad sobre el caso New Business que fue algo que se le advirtió al menos 60 veces en la audiencia".

Precisó que cuando se tiene a una juez que es altamente negligente, algo que es confirmado por sus superiores a través de esas resoluciones, claramente lo que se demuestra es que no tiene la capacidad para ser juez, "imagínate si la ponen de jefa de todos los despachos penales.'

95

personas presentaron su documentación para magistrado.

31

de diciembre se le vence el periodo constitucional a José Ayú Prado.

Contrario a este y algunos otros casos, Vallarino mencionó que dentro de la lista aspirante ha visto a personas muy capaces para ocupar este cargo.

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Al final, un total de 95 personas han presentado su documentación dentro de la convocatoria que abrió el Pacto de Estado por la Justicia para el cargo de magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema que dejará vacante el próximo 31 de diciembre de 2022, José Ayú Prado.

Dentro del listado, además de las dos personas antes mencionadas, también figuran personas como la fiscal superior, Grisel Mójica, quien en su momento se desempeñó como defensora particular de la exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, por el proceso que mantuvo esta en 2010 por extralimitación de funciones.

El abogado y director de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), Armando Fuentes, también está en la carrera por el cargo a magistrado.

Además figuran juristas particulares como Ángel Álvarez, Dionicio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Basilio González, José Abel Alemengor, etc.

También presentó su aspiración para este cargo, la actual fiscal de Cuentas, Waleska Hormechea.

Quien también presentó sus papeles fue Asunción Alonso, magistrada suplente de José Ayú Prado.

Caraballo no se postuló

Quien no presentó sus papeles para el cargo de magistrado de la Sala Penal fue el procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo.

La semana pasada, una fuente indicó que el procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, también estaría aspirando a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo no lo hizo.

Según la fuente, el funcionario estuvo recopilando los documentos que se necesitan para cumplir con la postulación al cargo.

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Con la culminación del proceso de postulación, el Pacto de Estado por la Justicia debe establecer los mecanismos para las entrevistas a los aspirantes.