Justicia selectiva sigue en el Ministerio Público

Han pasado 100 días del gobierno de Laurentino Cortizo y aún persisten las quejas de justicia selectiva por parte de la procuradora general de la nación, Kenia Isolda Porcell.

Esto, a pesar de que en marzo de este año se publicó el reporte de Panamá 2018 sobre los Derechos Humanos que elaboró el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.) y en donde justamente se cuestionaron algunas actuaciones del Ministerio Público (MP) sobre este tema.

En este informe se indicó que algunos fiscales informaron que recibían presión interna del Ministerio Público, para impedir la liberación de individuos acusados por delitos cuyos juicios estaban pendientes.

Para el excandidato presidencial y economista, Juan Jované, son claras las actuaciones del Ministerio Público en cuanto a la aplicación de la justicia de forma selectiva.

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El excandidato señaló que los panameños desde hace mucho tiempo saben que en el país hay una justicia selectiva, la cual aún continúa y sigue siendo manejada con criterios netamente políticos.

Más denuncias

Kenia Porcell también ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos días, luego de una denuncia que hizo Raúl de Saint Malo, hermano de la exvicepresidenta Isabel de Saint Malo, en la cual indicó que fue presionado por parte del Ministerio Público para que involucrara a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, en un caso relacionado con la constructora Odebrecht.'

Casos como el del médico falso, Grimaldo Córdoba, así como el de la exviceministra del Mides, Zulema Sucre, que obligaba a sus escoltas a pasear a sus perros, terminaron sin condenas firmes y los mismos nunca fueron ni siquiera detenidos, preventivamente.

Por el contrario, exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli fueron sometidos e incluso sacados de sus casas en horas de la madrugada, sin importar el daño que le pudieran causar a sus familiares.

En algunos casos, hasta sus madres fueron detenidas, a pesar de que no tenían nada que ver con esos procesos legales que se investigaban, todo esto para presionarlos.

Presiones que lo llevaron a firmar un acuerdo y, además, tuvo que devolver 1.9 millones de dólares como parte del acuerdo de pena.

También, recientemente, se le presentó una denuncia por la contratación del metabuscador, un equipo tecnológico que contrató en 2017, el cual tiene la capacidad de darle seguimiento a correos electrónicos, redes sociales, sociedades, cuentas bancarias y todo tipo de información que es ingresada a su base de datos.

Un equipo por el cual el Ministerio Público pagó la suma de $610 mil (incluyendo $39 mil de impuestos) para el suministro de programas (software) y equipos (hadware).

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De acuerdo al contrato, la empresa Inntec System S.A. movilizó personal especializado como expertos en gestión documental, responsables de analizar información, desarrollo y despliegue de sistemas, diseño e implementación de metadatos, etc.

Hasta el momento, el Ministerio Público que dirige la procuradora Porcell no ha salido a indicar cuáles fueron los motivos que la llevó a contratar este equipo.

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