Corte Suprema de Justicia
El artículo 2621 del Código Judicial señala que la autoridad contra la cual se interpone el recurso deberá suspender inmediatamente la ejecución del acto.
Olmedo Arrocha, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Archivo.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, admitió un amparo de garantías constitucionales presentado en contra de la decisión adoptada por el Gobierno, a través de la la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), la cual adopta medidas restrictivas para los profesionales del derecho durante la pandemia del COVID-19.
Arrocha dentro de su sustentación manifestó que es consciente de la situación que vive el país por la pandemia, sin embargo, dicho comunicado afecta, altera, restringe, amenaza y menoscaba un derecho fundamental, previsto no solo en la Constitución Nacional, sino en los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes.
El artículo 2621 del Código Judicial señala que la autoridad contra la cual se interpone el recurso deberá suspender inmediatamente la ejecución del acto.
En su escrito, el magistrado le solicitó a la autoridad demandada, la AIG, un informe acerca de la materia de esta acción que habían adoptado, algo que tenían que hacer el pasado 28 abril, cuando Arrocha admitió este amparo de garantías.
"En acatamiento del artículo 2621 del Código Judicial, la autoridad demandada debe tomar debida nota de su contenido para actuar en consecuencia en el sentido de suspender inmediatamente la ejecución del acto", explicó el magistrado de la Sala Civil.
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Por otro lado, ayer el pleno de la CSJ, por mayoría, decidió extender la suspensión de los términos judiciales desde mañana 2 de mayo, hasta el próximo 17 de mayo.
'15
días han sido suspendidos los términos judiciales en la Corte Suprema de Justicia.
3
veces han sido suspendidos los términos judiciales por la pandemia del COVID-19.
Con esto, todas las investigaciones que adelantan el Ministerio Público y los magistrados de la Corte quedan suspendidas.
También dictó medidas de transición y reorganización en todos los despachos judiciales, admnistrativos y de defensa pública a partir del día 11 de mayo, en donde los jefes de los despachos judiciales, administrativos y demás deberán retornar a sus puestos.
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