Cinco décadas esperando porque el Estado cumpla por la desaparición o asesinato de sus familiares

Aunque parece difícil de creer, luego de 3 años de firmado el acuerdo de entendimiento entre el Estado y el Comité de Familiares de Desaparecidos y Asesinados de la dictadura militar (Cofadepa-HG), todavía no se ha publicado en Gaceta Oficial.

Este vendría siendo el primer punto en que el Estado ha incumplido con estas personas, quienes ayer se apersonaron al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) para tratar de reunirse con la canciller Erika Mouynes o la vicecanciller Marta Gordón, sin poder conseguirlo.

Para la vocera del comité, Maritza Maestre, a pesar de que el garante del acuerdo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado, en esta ocasión representado por el gobierno de Laurentino Cortizo (PRD) no ha cumplido ninguna letra a la fecha. 

“Más bien el Estado está teniendo medidas dilatorias. Este gobierno lo que ha hecho es tomar el tema como político cuando es de Estado y cada día vemos que no se cumple”, resumió Maestre.

En junio de este año, salió un informe de 2021, en que la CIDH dice que Panamá no cumple con sus obligaciones. Eso hizo que el gobierno publicara que le van a pagar a los familiares de un grupo similar de la provincia de Chiriquí, lo que a juicio de Maestre, “también se hizo de manera política”.

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“Cada vez que el CIDH manda una nota para presionar al Estado, el Estado saca algo políticamente. Ya se lo hemos dicho al CIDH, que el Estado no está cumpliendo con nada”, declaró la activista social.

¿Qué puntos son los que no se han cumplido?

Este acuerdo amistoso contemplaba que el Estado facilitara los recursos a Medicina Legal para el reconocimiento de osamentas que, supuestamente, pertenecerían a desaparecidos de ese periodo de la historia, lo que todavía no se ha hecho.

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También, declarar el 9 de junio, fecha en que desapareció el padre Héctor Gallego, como día del desaparecido y asesinado de la dictadura militar, que fuera cívico de reflexión, y eregir un monumento en honor a las víctimas, del que se hizo dos licitaciones sin resultados.

Otro punto es la reparación económica, de la cual Maestre explicó que se encuentra en un convenio del que Panamá es signatario, el cual establece que ante delitos de lesa humanidad, los estados tienen el deber de repararlos.

Además, está la redacción y edición de la memoria histórica de estos hechos acontecidos durante 21 años de régimen militar y su enseñanza en los centros educativos de enseñanza media.

En cuanto a este tema, según los miembros de Cofadepa-HG tampoco ha existido buena voluntad del actual gobierno y hasta tuvieron problemas, porque cuando se levantó colocaron la palabra ‘asesinados’ y una funcionaria del Ministerio de Educación alegó que era ‘muertos’.

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Al final, la CIDH aceptó el término de los familiares de las víctimas. 

“En Panamá hubo dictadura del 68 al 89; los nuestros fueron asesinados, fueron perseguidos, torturados, apresados, desaparecidos, muchos fueron expropiados de sus bienes, tenemos personas que fueron vilmente torturadas y está documentado, como Floyd Britton”, señaló.

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