El administrador de la AMP y el director de Marina Mercante hacen lo imposible por ocultar fallas o atrasos en, al menos, 2 plataformas de 4, contratadas.
En la audiencia, la fiscal Paula Garcés logró que el juez de garantías Rubén Peña validara un acuerdo de pena entre las partes, resultando con la condena.
En pleno siglo XXI es absurdo observar como en lugar de avanzar en materia político-electoral como Estado esencialmente democrático, nos hemos retrotraído.