Tráfico de influencias sigue amparado por el Ejecutivo

Aunque existen procesos que identifican los casos de nepotismo, en la presente administración gubernamental está imperando el tráfico de influencias, mediante el cual, autoridades públicas favorecen a familiares y allegados en otras instituciones del aparato estatal.

Esta práctica no solo constituiría la comisión de un posible delito, sino que también atenta contra el rigor y perfil que se exigen para los cargos y posiciones con los cuales son favorecidos estas personas.

Un ejemplo de esto son los nombramientos en el servicio exterior, indicó el abogado Alejandro Pérez.

Según el jurista, la repartición del “botín político” de consulados y embajadas en el extranjero deja mucho que desear de un presidente que prometió cambiarle la cara a la educación de este país.

“Esto desanima a los estudiantes de Relaciones Internacionales. Ellos estudian cinco años, pero al final, su nombramiento depende del grado de influencia que tengan con Varela o sus allegados. ¡Esto es tan grave como el nepotismo!”, denunció.

Citó casos como el nombramiento de Bernardo Jiménez, hijo de la cacica Silvia Carrera, como embajador de Panamá en Bolivia; la designación de la esposa del diputado del PRD Javier Ortega como embajadora en Belice, y de una tía del presidente en París y su prima hermana en Portugal.

“¿Qué títulos diplomáticos validan estos nombramientos? ¿Qué experiencia internacional les colocan por encima de los estudiantes graduados de la carrera de Relaciones Internacionales”, se pregunta Pérez.

Expresa que es penoso que el presidente Varela trate de matizar los diversos casos de nepotismo que se han dado en su administración, mientras mantiene ubicada todavía -con bajo perfil- a su parentela.

“El presidente Varela y el magistrado del Tribunal Electoral Erasmo Pinilla han incurrido en el mismo error: ubicar a su parentela con la pretensión de que no hay gente fuera de su familia capaz de desempeñar competentemente un puesto público”, concluyó Pérez.

Para Carlos Gasnell, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, lo más preocupante es que se olvida que “el tráfico de influencias es un delito tipificado en el Código Penal frente al cual cabe pena de prisión”.

En este sentido, Gasnell considera que la presión ciudadana para combatir el tráfico de influencias “debería ejercerse incluso más fuerte que la que se ha dado para el nepotismo”.

Esto, toda vez que el tráfico de influencias se señala en el artículo 354 del Código Penal como una falta que viola las normas éticas, frente a la cual puede caber desde amonestación hasta destitución, dependiendo de la gravedad.

Así reza el citado artículo: “Quien valiéndose de su influencia o simulando tenerla solicite, reciba, acepte promesa o prometa en beneficio propio o de un tercero dinero, bienes o cualquier otro provecho económico o con efecto jurídico, con el fin de obtener un beneficio de parte de un servidor público o un servidor público extranjero de una organización internacional en asunto que se encuentre conociendo o pueda conocer, será sancionado con prisión de cuatro a seis años”.

Gasnell advierte que el conflicto de intereses puede perfectamente degenerar en tráfico de influencias, por lo que “urge la aprobación de una norma que regule los conflictos de intereses”.

Al respecto, el vocero de Transparencia Internacional lamenta que una iniciativa presentada en la Asamblea por la diputada Ana Matilde Gómez haya recibido “muy poco apoyo”.

Por su parte, el analista político Mario Rognoni coincide en que se ha avanzado en la no tolerancia del nepotismo, pero no ocurre lo mismo con el tráfico de influencias y los nombramientos que incurren en conflictos de intereses. “Y no veo que eso vaya a cambiar pronto”, vaticinó.

Para el excandidato a la vicepresidencia del país por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) Gerardo Solís, esta es una de las argucias que actualmente realizan allegados al poder para burlar los códigos de ética y evitar la censura pública.

“¿Cuántos parientes y amistades mantiene nombrados el presidente Varela por amiguismo y no por méritos?”, se preguntó Solís ayer lunes en el noticiero de Telemetro, en el que irrumpió con un perfil crítico hacia la actual administración.

El exmagistrado del Tribunal Electoral dio estas declaraciones, a pesar de que cuando estuvo en la corporación electoral, entre 2006 y 2012, incidió en el nombramiento directo de 27 funcionarios con altos salarios, entre los que supuestamente figuraban amigos, familiares y conocidos, según reveló una investigación realizada por Panamá América.

Solís forma parte del PRD, colectivo que mantiene un pacto de gobernabilidad con el Partido Panameñista, lo que le ha permitido colocar en puestos importantes de la administración pública a varias de sus principales figuras.

Cifras

• 10 familiares de los magistrados del Tribunal Electoral han renunciado a sus cargos.
• 10 meses tiene en el poder el gobierno de Juan Carlos Varela, que prometió transparencia.

Twitter

Los casos de conflicto de intereses son tan diversos en esta administración como las reacciones en las redes.

• @magcastill: (El caso de Grimaldo del Mici y la beca de cine a un familiar) Lamento decirles que no es nepotismo. Puede ser juegavivo, tráfico de influencias, amiguismo. A promover la meritocracia.
• @CeliaPma: La Asamblea debería ser foco de inspiración, pero es foco de corrupción.
• DerHumanosdePmá: Muchos fallos de mala práctica médica en Panamá se deben también al tráfico de influencias.
• @edunar54: Procuradora Kenia Purcell, me da mucha pena que el tráfico de influencias sea aplicable en la administración de justicia en #Panamá.
• @caton01: Eso de la Corte Suprema de Justicia no es nuevo, investiguen a las fiscalías de Drogas en Panamá. Bellezas con tráfico influencia.