Solicitan la renuncia del ministro De La Guardia

@AntonioSaul27

Las declaraciones que diera el empresario Cristóbal Salerno, representante de Cobranzas del Istmo S.A., sobre pagos que recibiera de parte del actual ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, ha generado reacciones de voces que piden la renuncia del funcionario.

En las redes sociales muchos solicitaban la salida del titular del MEF, una de ellas fue Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, quien en su cuenta de Twitter le enviara un mensaje al presidente de la República, Juan Carlos Varela, para que cambiara al ministro Dulcidio De La Guardia, por considerar que su accionar no genera confianza.

“Señor presidente, es hora de cambiar al ministro de Economía y Finanzas. Creo que no hay confianza en este señor”.

En tanto, el excandidato a vicepresidente por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) Gerardo Solís, planteó que este gobierno favoreció a Cobranzas del Istmo en pagarle comisiones sobre medianos y pequeños empresarios, proveedores del Gobierno, que en el mes de enero se quedaron esperando los pagos de sus servicios.

Denuncia

Mientras se sumaban las voces que pedían la salida del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, el abogado Sidney Sittón se presentaba en la Corte Suprema de Justicia en horas de la tarde de ayer miércoles 27 de mayo, para interponer una denuncia penal por delitos de peculado, corrupción de los servidores públicos y tráfico de influencias, en contra del ministro Dulcidio De La Guardia.

La denuncia fue interpuesta en la Corte porque también se incluye a los diputados José Luis Varela, del Partido Panameñista, y Benicio Robinson, presidente del PRD.

Esta denuncia se da, luego de que un día antes Sidney Sittón desvelara el secreto mejor guardado dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En los seis primeros meses el gobierno de Juan Carlos Varela le habría pagado siete millones de dólares a la empresa Cobranzas del Istmo, pese a que desde el mes de octubre del año pasado el director de Ingresos Públicos, Publio Cortés, firmara la resolución que cancelaba el contrato entre el Estado y la empresa en mención.

Estas revelaciones fueron dadas a conocer por Cristóbal Salerno en su declaración indagatoria en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.

Dulcidio De La Guardia, titular del MEF, y Publio Cortés, director de Ingresos Públicos, habían expresado en declaraciones a los medios y en conferencias de prensa, desde octubre, las supuestas irregularidades cometidas en el contrato con Cobranzas del Istmo y por eso sustentaban la cancelación y la denuncia penal del contrato.

Sin embargo, en ningún momento los funcionarios en mención habrían informado de que el Gobierno seguía pagándole a la empresa, pese a las denuncias de supuestas ilegalidades en el pago de comisiones.

Dulcidio De La Guardia tuvo que reconocer que estos pagos se dieron, argumentando que estos montos ya estaban designados en el presupuesto, porque los había tramitado el exdirector de Ingresos Luis Cucalón.

Doce días después de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión del contrato entre el Estado y la empresa Cobranzas del Istmo, el MEF, a cargo de De La Guardia, desembolsó el último de los cuatro pagos que la administración de Juan Carlos Varela hizo, precisamente, a la misma compañía que en reiteradas ocasiones había acusado de prácticas irregulares en la recuperación de la cartera morosa de impuestos.

Salerno aseguró haber recibido de manos del MEF -a través de transferencia electrónica (ACH)- pagos por el servicio prestado los días 5, 9 y 11 de diciembre de 2014 al igual que el día 20 de enero de 2015. Un día antes, el 19 de enero, el propio ministro De La Guardia había solicitado al Ministerio Público la detención de Luis Cucalón, quien hasta agosto de 2014 se había desempeñado como director general de Ingresos, por supuestas actuaciones ilegales en la firma del referido contrato con esa empresa.

En su defensa, De La Guardia ha dicho que los cuatro últimos pagos que su administración hizo a Cobranzas del Istmo, por el orden de $7 millones, obedeció a que los documentos de la gestión de cobro presentado por la compañía estaban refrendados, y que el contrato aún se encontraba vigente. Informes obtenidos por este diario, sin embargo, desmienten la versión del ministro de Economía y Finanzas. El 8 de enero de 2015, 12 días antes de que el MEF formalizara el último pago a Cobranzas del Istmo, el magistrado de la Corte, Luis Ramón Fábrega, había ordenado la suspensión provisional del contrato de agosto de 2010 que la DGI había suscrito con la referida empresa que tiene entre sus rostros visibles a Salerno, del Frente Empresarial del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La decisión del magistrado Fábrega se produjo al admitir una demanda contencioso administrativa de nulidad que había presentado a título personal Miguel Antonio Bernal, precisamente, contra el contrato firmado por Cobranzas del Istmo que la administración Varela acusó de ilegal, pero que nunca demandó ante la Sala Tercera de la Corte.

Gobierno oculta la verdad en caso Cobranzas

El expresidente de la República Ricardo Martinelli asegura que el gobierno de Juan Carlos Varela tiene algo oculto en el caso de Cobranzas del Istmo.

La razón se debe a la forma inexplicable de haber hecho pagos de 7 millones de dólares a la empresa cuando en los medios se decía que el contrato era ilegal.

“Si era tan malo el contrato y estaba anulado a Cobranzas del Istmo, ¿por qué pagarle 7 millones este año? ¿Qué gato por liebre habrá allí?”, cuestionó el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Martinelli indicó que algunos medios de comunicación afines al Gobierno no han dicho toda la verdad en este proceso porque lo quieren perjudicar.

“Al comparar lo que dijo Salerno, aun siendo mentiras, con lo publicado y dicho por medios varelistas, se ve la clara intención de perjudicarme”, agregó.

Martinelli salió al paso de las declaraciones que Salerno diera en la Fiscalía Anticorrupción, en las que lo mencionara, y aseguró que el representante de la empresa Cobranzas del Istmo ha mentido.

Sin embargo, este caso sí podría revelar una triangulación de tráfico de influencias en el que se vincula a los diputados José Luis Varela y Benicio Robinson, dijo el abogado Sídney Sittón.

Por esa razón, la denuncia del jurista fue a la Corte porque el Código de Procedimiento Penal establece que se trata de un caso especial que debe ser investigado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por medio del Sistema Penal Acusatorio (SPA), el cual en estos momentos está vigentes en provincias centrales.