Ronny Rodríguez: ‘Juan C. Varela me tiene amenazado’

Sus familiares viajaron desde la provincia de Veraguas a la capital con un propósito: revelar el ataque del que está siendo objeto este oficial de la Policía Nacional por parte de quienes dirigen los hilos del poder del denominado “Plan Varela”.

Rodríguez, quien fuera subcomisionado de la Policía Nacional, perdió su trabajo, le quitaron su residencia y sus familiares temen lo peor, que su vida esté en peligro.

Tiene más de seis meses desaparecido, según reveló Isaías Rodríguez, su hermano, quien fue la última persona que habló con él.

Los parientes de Rodríguez responsabilizan directamente de lo que pueda pasarle al presidente de la República, Juan Carlos Varela, y al director del Consejo de Seguridad, Rolando López Pérez.

Lo que le está ocurriendo a Ronny Rodríguez, según su hermano, obedece a una persecución de la que ha sido objeto al no haber aceptado servir de testigo en el expediente sobre escuchas telefónicas que mantiene con detención preventiva a Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, ambos exdirectivos del Consejo de Seguridad, quienes, además, ocuparon importantes cargos en el gobierno de Ricardo Martinelli.

“Hace aproximadamente seis meses, mi hermano me dijo: voy para una reunión con el comisionado Rolando López Pérez (director del Consejo de Seguridad) y el comisionado Pinzón, de la Policía, si yo no vuelvo anda a los medios de comunicación porque me tienen amenazado”, dijo Isaías Rodríguez, al referirse a la última vez que habló con Ronny.

Días antes, Ronny le dijo a su hermano que no se sentía a gusto en la institución a la que le había entregado gran parte de su vida.

Su descontento, comentó el hermano, obedecía al trato del que estaba siendo objeto desde que llegaron las nuevas autoridades asignadas por el presidente Juan Carlos Varela.

“Toño, yo me voy de la Policía. Estas fueron las últimas palabras que él (Ronny) me dijo”, destacó Isaías.

Ofrecimientos

Ronny Rodríguez recibió ofrecimientos de puestos en el gobierno y hasta para ocupar una embajada si aceptaba declarar contra el expresidente Ricardo Martinelli, reveló el señor Encarnación Rodríguez, padre del oficial.

Comentó Encarnación, que como su hijo rechazó este ofrecimiento, las autoridades del actual gobierno cambiaron de estrategia y siguieron las amenazas.

Encarnación se siente decepcionado por este gobierno, porque han querido acercarse a las autoridades sin éxito.

Dolor de madre

La señora Jacinta Mendoza de Rodríguez no pudo contener el llanto, al recordar que desde el mes de agosto no ve a su hijo.

La última vez que lo vio fue cuando la visitó en Veraguas como lo hacía de costumbre casi todos los fines de semana.

“Señor presidente (Juan Carlos Varela) póngase la mano en el pecho; mi hijo no es un delincuente, no somos políticos, somos gente humilde”, dijo Jacinta Mendoza de Rodríguez al no poder contener el llanto.

“Yo quiero volver a ver a mi hijo, sano y salvo”, agregó la señora Jacinta en entrevista con la periodista Linda Brand, de NEXtv.

Ahora, con la destitución del subcomisionado Rodríguez, le han quitado el derecho de beneficiaria del Seguro Social a la señora Jacinta, quien requiere de atención médica periódica con médicos especialistas por una dolencia que tiene en la columna.

Ronny era el soporte económico de esta humilde familia, lo que contrasta con lo que se escribió en medios impresos aliados al gobierno, en los que surgieron informes de que este oficial durante el gobierno de Martinelli acumuló una fortuna.

Por eso, Isaías mostró públicamente fotografías de la casa en Veraguas y de la situación médica muy delicada de una sobrina recién nacida que requiere de una operación urgente y en estos momentos no tienen los fondos para que se le realice.

La fortuna de la que se hicieron eco los medios impresos aliados al gobierno era de una supuesta isla en Veraguas, propiedad de Ronny, además de que era dueño de una empresa de transporte de carga.

Este negocio, supuestamente, lo obtuvo durante el gobierno de Martinelli.

Estos señalamientos fueron desmentidos por la familia de Ronny Rodríguez, que evalúa presentar una denuncia contra estos medios por también revelar fotografías de este oficial, quien durante sus años de servicio en la Policía Nacional estuvo realizando operaciones sensitivas.

Rodríguez solo tiene un apartamento en el edifico Verde Sol, ubicado en el Ingenio de Betania, el cual fue allanado y ahora está secuestrado por las autoridades judiciales y bajo custodia de la Policía Nacional.

El hermano de Ronny Rodríguez, padre de la pequeña que está delicada de salud, ha tenido que dormir en el mercado de abasto, porque cada vez que viene de Veraguas a la capital para atender a su hija menor no lo dejan entrar al apartamento.

Presión

El nombre de Ronny Rodríguez fue por primera vez mencionado públicamente el 11 de agosto de 2014, tras ser revocada su jubilación especial como subcomisionado de la Policía Nacional.

La medida fue publicada en la Gaceta Oficial y el documento llevaba la firma del presidente de la República, Juan Carlos Varela, y del ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera Franceschi.

Posteriormente, el uniformado fue destituido.

Rodríguez, según el abogado Alejandro Pérez, es uno de los tres oficiales del Consejo de Seguridad que estaban siendo presionados para que declararan contra el expresidente Martinelli.

Otro es conocido como “Jimmy”, quien falleció de un infarto. Además, se menciona al sargento Ismael Pittí.

Rolando López Pérez, detrás de la designación de la jefa del MP

La investigación de las supuestas escuchas telefónicas fue preparada en el Consejo de Seguridad Nacional y no en la Fiscalía Auxiliar, reveló el abogado Alejandro Pérez.

Cuando Rolando López Pérez se encargó del consejo, en el mes de julio, designó a la profesora Kenia Porcell como su asesora.

Él la conoció en una jornada académica para oficiales de los estamentos de seguridad.

Luego del desempeño demostrado en estos seis primeros meses, fue López Pérez quien recomendó la figura de Porcell con el presidente Juan Carlos Varela para ocupar el cargo de procuradora general de la nación.

Porcell ha hecho cambios drásticos en la estructura del Ministerio Público.

Creó una unidad especial dirigida por el secretario general de la Procuraduría, Rolando Rodríguez, quien mantendrá una injerencia directa en las fiscalías anticorrupción.

Esta medida va en contra de la autonomía judicial, que en su momento defendió la exprocuradora Ana Belfon.

En la tarde de ayer, al tiempo que se anunció los nuevos fiscales anticorrupción, se dio a conocer la creación de la unidad.

Las recompensas de un testigo

El sargento Ismael Pittí, quien podría ser el testigo protegido, fue designado como diplomático policial en los Estados Unidos, en septiembre del año pasado.

Documento que prueba el ofrecimiento por cumplir con el plan Varela.

Cuando el abogado Alejandro Pérez denunció la desaparición del sargento de la policía, Ismael Pittí, no se imaginó que ya para esta época esta unidad policial estaba en los Estados Unidos gozando de su nuevo puesto, como agregado policial ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.

Pérez aseguró que Pittí, quien devengaba un salario de 700 dólares como sargento de la policía, ahora recibirá un ingreso mensual arriba de los 5,000 dólares.

Para Alejandro Pérez, este documento demuestra la veracidad de las acusaciones que hizo durante el mes de agosto del año pasado, que en el Consejo de Seguridad se estaba torturando a oficiales que allí trabajaban desde el gobierno de Ricardo Martinelli para que declararan contra el exmandatario.

Pérez sospecha que sea Pittí el testigo protegido que aparece en el expediente de la escucha telefónica que mantiene detenidos a Gustavo Pérez y Alejandro Garuz.

• 6 meses es el tiempo que tiene desaparecido el subcomisionado Ronny Rodríguez.

Escuchas

• Proceso: Por el caso de las escuchas telefónicas se mantienen detenidos los exdirectores del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez

• Recursos: El abogado de Gustavo Pérez ha presentado una solicitud de casa por cárcel, por considerar que su cliente está en condiciones de violación de sus derechos humanos. No lo dejan comer, no se ha cambiado de ropa y es objeto de agresiones verbales, mientras que a favor de Garuz está por fallar un recurso de hábeas corpus. Ambos siguen en una celda en la DIJ.