¿Quiénes se quedaron con ganancias en el transporte?

Frustración es el sentimiento que sacude a los usuarios del transporte público, luego de ver que por una década se hicieron fallidos intentos para modernizar el sistema de transporte en la capital.

Concluyen que en ese tiempo y con pronósticos de extenderse el hábito de utilizarlos como escudo para justificar el desembolso de millones de dólares, las promesas de cambio del gobierno del “Pueblo Primero” son desesperanzadoras y hasta politiqueras.

En 2004, cuando Martín Torrijos asumió el poder con la promesa de un transporte rápido por bus, el tema se mantuvo latente en el Gobierno.

Parecía que el “Transmóvil”, como denominó a su propuesta para el transporte, sería la solución a las quejas; indemnización a los transportistas y la incursión de mejores unidades para los usuarios, era el plan perfecto.

Pero en 2010, cuando el expresidente Ricardo Martinelli mantenía las riendas del país, un fallo de la Corte Suprema de Justicia frenó ese decreto que establecía “Estado de emergencia” para acelerar la modernización. El incidente del 23 de octubre de 2006 -que dejó 18 muertos- fue la inspiración del cambio.

Desde entonces, se trabajó en un nuevo diseño que dio como resultado la modernización del transporte a través del metrobús. Sacar a la totalidad de los “diablos rojos” era el sueño.

Antes, había que indemnizar a cada propietario de unidad que circulaba en las 21 rutas de la ciudad.

Los datos preliminares indicaban que eran 2,300 buses a razón de 25 mil dólares para los “diablos rojos” y 45 mil para aquellos tipo nevera.

Al cierre de la gestión, las autoridades calcularon en 100 millones de dólares el desembolso global de la indemnización.

A la fecha, la precisión de la cifra es el secreto mejor guardado por las partes.

El plan de modernización incluía la construcción de paradas y zonas pagas en los sitios de mayor concurrencia, y adjudicación del contrato a una empresa que se encargara del recaudo.

Por 118 millones de dólares, la empresa Sonda S.A. terminó adjudicándose el contrato a diez años.

Con un sistema en retroceso, por el robustecimiento de la piratería, que se aprovechó de la debilidad del metrobús, y por el resurgimiento de los “diablos rojos”, entre los conocedores del tema surgen preguntas como ¿dónde quedó el dinero invertido?, ¿a quiénes benefició el fracasado plan de modernización?, ¿es necesario continuar con el proceso de indemnización?

La experiencia vivida hasta el momento lleva a concluir que el tema del transporte público en la capital se ha convertido en el peor enemigo del insipiente gobierno panameñista, que lleva ocho meses.

Promete incluir, indemnizar y crear una nueva estructura de transporte, pero esa planificación sin estudios previos es para Honorio Quesada, representante de los usuarios ante la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el elemento que da vida al juega vivo.

A la fecha, los únicos beneficiados con las intenciones de cambio, destaca Quesada, son los transportistas, porque reciben a manos llenas e igual siguen recibiendo beneficio en abierta complicidad con las autoridades de turno.

Las empresas -Mi Bus, Sonda y Eupan- que sin fiscalización de la ATTT se manejan a su antojo en busca de ganancias son otros de los grupos que ganan con esos pretendidos intentos de ofrecerles un servicio de calidad a los 700 mil usuarios de la capital.

Mi Bus, por ejemplo, que a través del contrato 21-10 de agosto de 2010 se adjudicó el contrato de operar 1,200 buses que reemplazaran a los “diablos rojos” a un costo de $269 millones, no sembró en tierra infértil.

A cambio, recibió del Gobierno la garantía de un fideicomiso por $246.8 millones que le garantizaba la inversión.

Sobre el cumplimiento del contrato, en el servicio se excusó por cuatro años de que los componentes del sistema no estaban terminados. Se referían a las paradas, vías de acceso y carriles exclusivos.

En tanto, la empresa Equipamientos Urbanos S.A. (Eupan), encargada de la construcción de 21 zonas pagas y 933 paradas típicas, elevó su costo inicial en el contrato de $71 millones a $94 millones.

Los transportistas recibieron sus indemnizaciones, pero mutaron el servicio y se mantienen activos en el negocio, a través de la “piratería”, con unidades más pequeñas y sin rutas definidas, con tarifas no reglamentadas por la ATTT.

La trayectoria del problema hizo que el analista John Bennett hiciera estudios precisos que lo llevaron a consideraciones claras basadas en los tropiezos del sistema.

El metrobús fue como darle a la población un salvavidas que no salva, “y en este caso se debe a un diseño y puesta en marcha de un sistema incompleto. En sentido analógico, es como un ser humano sin brazos y piernas”, explica Bennett.

El también empresario se refiere a los componentes necesarios que hacían falta cuando comenzó la modernización del transporte.

“Dicho de forma analógica: es como el cuerpo humano, en el que el sistema circulatorio no camina bien si no va acoplado al resto de los órganos. Pero esas son las cosas que ocurren cuando la politiquería barata la ponemos por encima de las verdaderas necesidades de la capital y del país”, concluye.

Para Jorge García Icaza, de la comisión vial de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el problema principal de la implementación del nuevo sistema de transporte fue la velocidad promedio de los buses por tranques en la ciudad, lo que hizo que la cantidad no respondiera a la frecuencia requerida.

También, que los buses con pasajeros parados están diseñados para tiempos cortos de viaje, pero por los tranques los pasajeros tienen que pasar más de una hora parados en un autobús que no se mueve.

En última instancia, García Icaza lamenta que se halla despilfarrado dinero del erario público “y sigamos con un sistema de transporte público deficiente”.

En la administración pasada, la ATTT le acreditó a Mi Bus faltas graves y muy graves por la frecuencia, que la llevaron a acumular 379 mil 88 dólares en multas.

Poco antes de que comenzara la actual gestión, la empresa amenazó con llevar al Estado a un proceso arbitral por 75 millones de dólares. Luego de entabladas las negociaciones, desistieron de la intención.