En plena efervescencia del periodo preelectoral, movimiento de jubilados ya logró la aprobación en primer debate de su propuesta de aumento salarial.
El presidente de la Comisión de Salud, Crispiano Adames, se sacó de encima el debate, y afirmó que le corresponde al Ejecutivo y al MEF buscar la "fórmula financiera". /Foto Asamblea
El Movimiento 621 que reúne a jubilados que impulsan un proyecto de ley de aumento a sus pensiones, alcanzó la semana pasada una importante victoria con la aprobación en primer debate de su propuesta, un logro que pretenden validar hoy en la Asamblea Nacional, donde exigirán que en lo que resta del mes de agosto se completen los debates y que el aumento sea ley de la República.
El proyecto 621, que presentaron por iniciativa ciudadana, propone que cada tres años las pensiones de vejez e invalidez que se encuentren vigentes sean aumentadas automáticamente con la suma de $140. Con excepción de las altas de $1,500 en adelante.
Después de meses de lucha, Comisión de Trabajo lleva a Segundo debate el proyecto de Ley No. 621, que otorga aumento a jubilados y pensionados. #JusticiaSocial pic.twitter.com/LHkXdKSYDb— Asamblea Nacional (@asambleapa) 7 de agosto de 2018
No obstante, la aprobación en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, el pasado 7 de agosto, se acercó más a un acto politiquero que a una decisión sopesada y sustentada en cifras, ya que los diputados no definieron de dónde saldrán los cerca de $400 millones que se requieren para satisfacer esta solicitud de incremento.
De hecho, el presidente de la comisión, Crispiano Adames, manifestó sin mayores reparos que ahora le tocará al Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) "buscar una fórmula de financiamiento" para estos aumentos.
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Los días siguientes esta posición de los diputados (varios de ellos en plena campaña para su reelección) ha encendido las alarmas en diversos sectores de la población, que advierten un sesgo de irresponsabilidad parlamentaria y la posibilidad real de que quiebre el modelo solidario de la Caja de Seguro Social (CSS), y, por ende, el país.'
Propuestas
621 es el número del proyecto de ley ya aprobado en primer debate, que propone aumento de $140 a todos los jubilados.
$1,500 millones despilfarra el Gobierno, según la diputada Zulay Rodríguez, y que pueden ser usados en pagos a los jubilados.
Sobre todo porque el Movimiento 621 insiste en que los fondos necesarios se saquen "de los excedentes del Canal de Panamá", según reiteró ayer a Panamá América su vocero, Franklin Ortiz.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) ya respondió con un comunicado donde afirma que no hay espacio para la discusión sobre lo necesario -y justo- de un aumento para nuestros jubilados.
"Lo injustificable es que se pretenda solventar la incapacidad de la institución asistencial, encargada de ejecutar políticas previsoras y responsables en el tiempo, con cargo a recursos que –vía Presupuesto Nacional– se destinan a la atención de las necesidades prioritarias de todos los panameños", dice la CCIAP.
Los ecos de esta preocupación se han esparcido hasta la opinión pública, que ya ve en el horizonte cercano un aumento de impuestos.
De hecho, ya se anticipan a los cuestionamientos que pudieran surgir en segundo y tercer debates en la Asamblea, y anunciaron que hoy entregarán una carta a la presidenta de este órgano del Estado, Yanibel Ábrego, donde plantean una propuesta paralela a la de usar los fondos del Canal, con aumento a los impuestos "de los vicios".
"Insistimos con el Canal, pero si no hay apoyo por esa vía, pedimos que se ponga un nuevo impuesto a las bebidas alcohólicas, a las carreras de caballos, a los casinos y actividades relacionadas a vicios", dijo el dirigente Ortiz sin precisar mayores detalles.
Para el exdirector de la CSS Juan Jované, todos estos planteamientos siguen sonando muy pasionales y poco estadistas.
El economista Jované pidió mesura y que el tema se aleje del calor politiquero, algo que se ve complicado de alcanzar, cuando hoy vuelvan a chocar los intereses de diputados, Gobierno y de los jubilados.
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