Disfraz de seguridad para dudosas compras
- Jason Morales Valdés
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La suspensión de varias compras millonarias destinadas a dotar a los estamentos de seguridad está relacionada a que no se licita públicamente.
La seguridad pública se ha convertido en un campo abierto a las contrataciones millonarias que en algunos casos han debido suspenderse, pero que no logra reducir la percepción negativa que se vive en el país.
Isaac Brawerman, presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas, explicó que en el caso de compra de armamento, en este gobierno se ha tratado de varios millones, y cuando se realizan las licitaciones no se hacen mediante actos públicos, sino por compra directa, justificando la seguridad del país.
Cinco compras directas por más de $8 millones han sido cuestionadas.
"Puede ser que las armas que compran son muy buenas, pero en el campo cuando las van a utilizar, no sirven", reveló el experto, quien citó el ejemplo de unas carabinas que les compraron a las unidades linces, que no pueden utilizarlas bien con los cascos puestos.
Pese a esto, el Gobierno ha insistido en contratar a empresas de allegados, y debido a las críticas ciudadanas ha tenido que suspender varias compras calificadas como onerosas, por no ajustarse al precio real del mercado.
La última de ellas consistía de 600 toallas para las Fuerzas Especiales Águila, a un costo de $38 cada una. También incluía sobrecamas a $180, mientras que por cada juego de sábanas se pagaba $45.
Al respecto, el titular de Seguridad, Alexis Bethancourt, explicó que "mientras duraba la revisión del proceso de compras de implementos para la unidad especial, instruyó que se suspendiera esta compra", pero al final terminó desistiendo de la misma.'
Cifras
38 dólares iban a costar las sábanas para la Fuerza Especial y 180 dólares las sobrecamas.
5 millones de dólares se ha gastado de los fondos del erario para alquiler y compra de autos.
La contratación abarcaba 3,000 suéteres y 1,800 pantalones cortos de $15. Se trataba de una compra directa, cuya suma total era de $288,299.
"Uno no puede procurar que la ciudadanía denuncie el delito y no portar armas", dijo el ministro.
En meses recientes, ya había instruido una orden similar el director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Cristian Hayer, en otro proceso de compra de uniformes y municiones.
En ese momento, Bethancourt reconoció que hubo un proceso de compra directa, y excusó que estaba en trámite en Panamá Compra, pero sin ejecutarse, por lo cual se suspendería e iría a un acto público para suplir al Senafront de nuevos uniformes y otros implementos.
A final, atribuyó la decisión a la recomendación del consejo de ministros que pidió elevar la propuesta al portal web.
Ello debido a que las compras se estaban haciendo a una empresa privilegiada, de manera directa.
Empero, la empresa contratada para este fin había sido cuestionada por ser sometida a investigaciones en un caso de supuesto sobrecosto en la compra de bolsas de comida.
Al respecto, Brawerman dijo que "se han hecho muchas compras de forma directa, cuando en países como los Estados Unidos, cuando el Ejército hace estas adquisiciones, es mediante acto público para probar las armas en campo".
En total suman 5 contrataciones directas que ascienden a un total de 8 millones 533 mil dólares, las que han sido cuestionadas.
Otra compra millonaria que fue suspendida el año pasado fue la de dos buques para patrullar las costas del país.
En tanto, el Consejo de Seguridad Nacional, solo en alquiler y compra de vehículos, ha gestionado la suma de 5 millones 577 mil 280 dólares en compras directas para un periodo de 48 meses.
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