doble violación a la constitución
Creación del Senafront y el Senan también son inconstitucionales
- José Alberto Chacón ([email protected])
Las transgresiones a las leyes y sobre todo a la Constitución Política de Panamá se han repetido en los últimos años en nuestro país, sobre todo cuando se trata de temas de creación de estamentos de seguridad
Las transgresiones a las leyes y sobre todo a la Constitución Política de Panamá se han repetido en los últimos años en nuestro país, sobre todo cuando se trata de temas de creación de estamentos de seguridad
Cifras
- 159 es el artículo de la Constitución Política que dice que todo decreto ley deberá ser sometido a la Asamblea Nacional.
- 2 jefes policiales con experiencia militar han ocupado el cargo de director desde que en 1990 el entonces presidente Guillermo Endara abolió el ejército en Panamá.
Las transgresiones a las leyes y sobre todo a la Constitución Política de Panamá se han repetido en los últimos años en nuestro país, sobre todo cuando se trata de temas de creación de estamentos de seguridad y de nombramientos de funcionarios que dirijan este tipo de instituciones.
El abogado Rogelio Cruz asegura que el expresidente Martín Torrijos es uno de los principales personajes por cuestionar. Torrijos, explica el jurista, irrespetó la Carta Magna al fusionar el Servicio Marítimo Nacional con el Servicio Aéreo Nacional. “Para evitar la concentración del poder armado dice que los servicios policiales deben tener separación, sin embargo, Martín Torrijos unió el SAN con el SMN”.
De igual forma, el exprocurador argumentó que la creación del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) arrastra una ilegalidad porque es un cuerpo de combate permanente y no temporal tal como expresa la Carta Magna. “Por otro lado, la Constitución señala que habrá servicios de policía especial de frontera cuando haya un conflicto y de manera temporal, pero se creó el Senafront que un organismo de seguridad permanente”.
Por último, la fuente mencionó que en la actualidad estamos viviendo con una policía judicial a manos del poder Ejecutivo. “Hemos vuelto a la época del G2 y, al parecer, eso no nos preocupa”.
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