Informe revela múltiples formas de discriminación que sufren grupos indígenas en Panamá

A pesar de los esfuerzos, Panamá no logra desarraigar la violencia, el racismo y la discriminación hacia pueblos indígenas, revela informes sobre Prácticas de Derechos Humanos 2021 del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El documento destaca que, a pesar de las herramientas legales que ordenan igualdad de condiciones para los pueblos indígenas en atención social, económica y cultural, el gobierno no asignó los fondos necesarios para completar programas como el de alfabetismo bilingüe.

Agrega que las personas indígenas siguen al margen de sus derechos legales de participar en las decisiones que afectan sus tierras, su cultura, sus tradiciones y la asignación y la explotación de recursos naturales. 

Agrega que además de la ausencia de políticas públicas efectivas, los indígenas se enfrenta a la discriminación social y laboral, con empleadores que a menudo no ofrecían a los trabajadores indígenas los derechos básicos establecidos por ley, tales como salario mínimo, beneficios de seguro social, liquidación y estabilidad laboral. Los trabajadores en las plantaciones agrícolas del país (la mayoría, personas indígenas) continuaban trabajando en situación de hacinamiento y sin condiciones sanitarias.

Sostiene que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ejercía una supervisión limitada en cuanto a las condiciones laborales en áreas remotas.

El acceso a la atención médica siguió siendo un problema significativo en las comunidades indígenas debido a infraestructuras deficientes y falta de personal y suministros.

"Durante el año la infraestructura de salud y sanitaria Emberá colapsó debido al incremento en el flujo de migrantes provenientes de Colombia", destaca.

Recientemente, un escándalo por supuestas esterilizaciones forzadas, así como los reclamos por atención oportuna para niños y una población afectada por leishmaniasis, fueron atendidas por la Defensoría del Pueblo. 

La activista de derechos humanos,  Lucy Córdoba, agrega las condiciones de vulnerabilidad en la que viven las mujeres indígenas. 

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Citó los constantes cierres por parte de la comunidad Nögabe Buglé en demanda de mejoras significativas a la infraestructura vial. 

A pesar de que el sistema educativo público operó virtualmente, las comarcas típicamente tenían poco acceso a internet y señales de radio. Estas barreras tecnológicas impidieron que los estudiantes indígenas tuvieran acceso a oportunidades educativas, concluye el informe. 

Grupos Afrodescendientes

El documento, destaca poca representación de la comunidad afro panameña en posiciones gubernamentales, en cargos de poder político y económico, así como poca inversión social en áreas donde habitaban.

Destacó más de seis quejas atendidas por la Defensoría del Pueblo había recibido seis quejas de racismo relacionadas al uso de ropa tradicional africana en el lugar de trabajo y el uso de trenzas en las escuelas.

Las personas de piel más clara continuaron estando representadas de forma desproporcionada en puestos gerenciales y en trabajos que requerían atención al público, como cajeros bancarios y recepcionistas.

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