Panamá
De forma categórica, residente en Barro Blanco no piensa renunciar a la tierra que considera suya, la cual habita desde hace más de una década.
Luego de los hechos del viernes de la semana pasada, varias familias han quedado sin techo y permanecen a la intemperie, incluyendo mujeres, niños y adultos mayores. Foto: Cortesía
Simón Santos sigue habitando la tierra que considera de su propiedad, a pesar de que la Policía Nacional intentó desalojarlo, la semana pasada, cumpliendo órdenes superiores al, supuestamente, estar en propiedad privada.
Su primo, Diomedes Santos, y su hijo, Arcadio, fueron los más afectados con la represión.
Diomedes perdió la vista en uno de sus ojos, tras ser impactado por una bala de goma, mientras que Arcadio tuvo fractura de brazo, como consecuencia, según cuenta Simón, de una herida de bala.
El intento de desalojo recibió condena de varios sectores, al revelarse imágenes de niños, ancianos y mujeres con heridas propinadas por las municiones de los uniformados y al ver como estas personas quedaban a la intemperie bajo las inclemencias del sol o la lluvia.
Entre estas mujeres heridas, está la madre de Simón, Teresa González.
Los menores se han ido recuperando de las lesiones, ya que al conocerse los hechos, recibieron asistencia médica.
Santos, junto a más de 100 personas, lleva una docena de años habitando estas tierras, cerca de donde ahora se erige la hidroeléctrica de Barro Blanco, a la que siempre se opusieron.'
9
años atrás, el pueblo Ngäbe Buglé salió a protestar contra la minería y los proyectos hidroeléctricos en su comarca.
2018
inicia el proceso de lanzamiento contra los indígenas ubicados en Barro Blanco.
"La Policía está molestando y esto es propiedad de nosotros. Quedamos heridos y quién responde por eso; como son guardias no les pasa nada y pregunto yo, ¿la guardia está presa?", cuestiona el indígena ngäbe.
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Solo personal de la Defensoría del Pueblo, autoridades locales de Chiriquí y algunos diputados se han acercado al lugar a brindar asistencia, sin embargo, no han recibido respuesta del Gobierno.
Todavía hay familias a la intemperie y están necesitando lonas que sirvan de techo para cubrir los ranchos que habitan.
Solo el vicepresidente José Gabriel Carrizo se pronunció sobre el incidente y, de forma muy escueta, solo dijo que había que respetar el derecho.
"Respetar el derecho de todos los panameños, eso es lo más importante, y entendernos; siempre se buscan soluciones", planteó.
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Según el dirigente juvenil de la comarca Ngäbe Bugle, Jocho Muaguada no es nada nuevo que le digan que están ocupando tierras privadas.
Ante esto responde que como pueblo siempre se opusieron a la construcción de la hidroeléctrica y fueron 12 kilómetros los que se inundaron y nunca se les dio respuesta.
"Se ha buscado la manera de indemnizarlos. La última vez ofrecieron 11 mil dólares por su territorio, pero la tierra ancestral para un ngäbe no es lo mismo que para alguien que no lo sea", manifestó Muaguada.
Como ha ocurrido desde hace más de una década, en Barro Blanco esperan al presidente de turno, en esta ocasión Laurentino Cortizo, para que dialogue con los indígenas sobre el tema que los incomoda.
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"Estamos esperándolo para sentarnos en la mesa, conversar y debatir. Nosotros exigimos la cancelación de Barro Blanco", fueron las palabras de Simón Santos, quien al igual que los otros ngäbes que habitan cerca del proyecto hidroeléctrico no están dispuestos a desocupar las tierras y lucharán por estas.
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