Gobierno advierte que acabará con el precarismo, que califica como un "negocio"

Solo durante el gobierno de Juan Carlos Varela las invasiones de tierra le costaron al Estado unos $30 millones en indemnizaciones. Pero la administración de Laurentino Cortizo parece estar decidida a terminar con esta práctica.

"Vamos a acabar con esta práctica", ha reiterado el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), que califica las invasiones de propiedades públicas y privadas como un "negocio".

Y para que no haya dudas de su decisión, el Miviot asegura que trabaja con el diputado Hernán Delgado para pulir un proyecto de ley que penaliza la ocupación ilegal de propiedades públicas y privadas y sanciona a las autoridades que con su omisión alientan esta práctica.

Esta semana, en declaraciones a medios locales, el viceministro del Miviot, José Batista, fue enfático en decir que este gobierno "no patrocina las invasiones de tierra" y que se adelanta en el citado proyecto de ley.

Esta es una práctica de vieja data en el país, sin que hasta el momento las autoridades se hayan dispuesto a hacer valer el derecho constitucional de los ciudadanos de gozar de su propiedad privada sin el peligro de que alguien se la arrebate.

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Solo durante la pandemia de covid-19, el Miviot ha tenido que atender los casos de más de 300 asentamientos ilegales en todo el país, que involucran litigios por miles de hectáreas y millones de dólares.

El viceministro Batista no escatimó en calificar esta situación como un "negocio" y dijo que más de la mitad de las personas que el Miviot ha censado como precaristas, ya tienen una casa.

"Esto tiene que ser penalizado, porque nosotros hemos encontrado que en la mayoría de las invasiones, cuando hacemos el análisis de las familias, más de la mitad ya tienen una vivienda", recalcó el viceministro Batista.

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El fin de estos invasores es ocupar propiedades para después venderlas o alquilárselas a extranjeros que están en condiciones de vulnerabilidad, agregó.

El precarismo creció durante la admistración de Juan Carlos Varela, pero ahora el Miviot está decidido a asumir el rol que legalmente le corresponde.

"No se pueden permitir las invasiones de terrenos, ya sean del Estado o privados", advirtió Batista, quien señaló que esto sería permitir que alguien construya en su jardín o en una habitación de su vivienda.

El déficit residencial en la actualidad es de 200 mil unidades, luego de que el gobierno de Varela permitió que aumentaran las 140 mil que heredó, a pesar de que una de sus promesas de campaña fue disminuirlo a través del fallido programa Techos de Esperanza.

Duras sanciones

El proyecto de ley 054 del diputado opositor, Hernán Delgado, avalado por el Miviot, plantea penas de prisión de entre dos y cinco años para los invasores de propiedades públicas o privadas.

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Y la sanción se aumentaría a un tercio de la mitad, si las invasiones se realizan a orillas de fuentes de agua, en áreas declaradas protegidas, de reserva para la construcción de obras públicas, zonas de contaminación ambiental o vulnertables a fenómenos naturales.

El proyecto acaba también con el patrocinio político y de autoridades omisas, porque ordena "inmediatamente" y de forma "sumarísima" el desalojo de los invasores.

Solo será necesario que el legítimo propietario presente ante el juez de paz respectivo una copia de su título de propiedad certicado por el Registro Público y una solicitud formal de desalojo.

Y para evitar las dilaciones del presente, los miembros de la Policía Nacional que retrasen el desalojo ordenado serán sancionados penalmente por desacato, es decir con penas de entre uno y dos años de prisión o su equivalente a días multas.

Y si la solicitud de auxilio a la Policía Nacional la hace un particular y sus miembros se niegan a ayudarlo, la pena será de dos a cuatro años de prisión.

Dueños de propiedades invadidas se quejan recurrentemente de que sus solicitudes de desalojo no son ejecutadas por padrinazgos políticos y que incluso la Policía ha permitido que ellos sean agredidos hasta con armas de fuego por los invasores.

Panamá América denunció recientemente que en la provincia de Bocas del Toro se invadieron miles de hectáreas productivas con la complicidad de las autoridades locales.

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