Facultad de Comunicación Social de la UP se pronuncia tras presiones a periodistas

Luego de que la Contraloría General de la República exigiera la tenencia de títulos universitarios a quienes ocupan cargos de directores y subdirectores en los departementos de relaciones públicas de las instituciones del Estado, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Panamá (UP) se pronuncia al respecto. 

A través de un comunicado, la Facultad afirma que estos puestos deberían ser ocupados por profesionales egresados con sus respectivos títulos de las distintas universidades del país.

"Esta Unidad Académica, líder en la formación de comunicadores sociales del país, se ofrece como mediadora con las partes en desacuerdo, para lograr un punto de equilibrio y que el trabajo que ejercen cada uno de ellos en las respectivas direcciones no se vea afectado", dice el escrito. 

Además, exhortó a aquellos comunicadores que por algún motivo no hayan culminado su pénsum académico a que acudan a la Facultad a revisar sus estatus y puedan lograr un título académico. 

La Contraloría, por su parte, mediante un comunicado publicado ayer, recalcó que los periodistas deben contar con títulos universitarios para ocupar cargos públicos. 

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"Esta entidad fiscalizadora ya ha registrado en el sistema los periodistas nombrados como Directores o Jefes de Comunicaciones de las instituciones y/o ministerios de esta administración, en cargos que requieren como requisito de educación formal, un título universitario de Licenciatura en Periodismo, toda vez que dicha profesión no  requiere idionedidad. No obstante, deben persentar el diploma que lo acredita como Licenciado en Periodismo", señala el texto. 

De acuerdo a la Contraloría, las instituciones del Estado que se rigen por la Carrera Administrativa deben cumplir con el manual de clases ocupcionales de dicha carrera, el cual permite nombrar a periosistas, publicistas, comunicadores sociales, relacionistas públicos o carreras a fines, cumpliendo con los requisitos propios del cargo. 

Conforme a la ley 32 del 8 de noviembre de 1984, modificada por la ley 351 del 22 de diciembre de 2022, todos los nombramientos de servidores públicos deben ser registrados en la Contraloría General de la República.