Costo político no frenará proyecto de reformas a la CSS

La morosidad que afecta a la Caja de Seguro Social (CSS) ronda los $320 millones con un perfil muy particular, informó Dino Mon, director general de la institución. 

Mon reveló que 40% de esa deuda corresponde a personas naturales, de acuerdo a un estudio que realizó la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). 

"Son como ustedes y como yo; eso significa que existe un problema social importante a la hora de cobrar esa cuota obrero patronal, porque allí hay personas que tenían a su doméstica, a su jardinero, a gente que trabajaba y les ayudaba, por lo que no se puede ir a mansalva, con palo y garrote, a crear un problema en familias que estuvieron muy afectadas económicamente por el covid", destacó.

Desde la administración de Juan Jované, la CSS cumple con la ley al publicar cada seis meses la lista de morosos con la institución, especificando que la deuda se cuenta a partir de los tres meses. 

El estudio no solo revela esta situación, sino que del restante 60% la mayoría son pequeñas y medianas empresas que resultaron afectadas por la pandemia. 

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"Cuando se observan todos los problemas que hay en esa morosidad de $320 millones, (te das cuenta) que es un problema financiero muy importante para la CSS, pero también es un problema social, en el que existe un mandato de cobro de esas primas, que debe ser de una forma diferente", enfatizó.

Reforma no se frenará

El proyecto presentado por el Ejecutivo para abordar la crisis de la CSS incluye componentes sensibles para la ciudadanía y el sector empresarial, como el aumento de las edades de jubilación y la cuota obrero-patronal. Según las autoridades, estos aspectos son indispensables para resolver la crisis.

Estos puntos han sido utilizados por diversos sectores para solicitar el retiro del proyecto, una petición que el mandatario no acatará, ya que la institución no puede seguir postergando este tema.

Sin embargo, el Ejecutivo considera necesario encontrar una solución que pueda implementarse a partir del próximo año, incluso si esto implica un costo político. Para el gobierno, no solo está en juego salvar el programa de pensiones, sino también la estabilidad financiera del país.

"No han faltado consejos para posponer esto al próximo año. No puedo; tengo que actuar ahora que cuento con capital político para hacer esta reforma. Hubo demasiada irresponsabilidad de administraciones anteriores al voltear la mirada y decir: 'No tengo capital político'. Es mentira; el capital político lo pone el presidente con su liderazgo, enfrentando decisiones difíciles", declaró el presidente José Raúl Mulino.

Esta postura ha recibido el respaldo de diversas personalidades y sectores, quienes apoyan la decisión del Ejecutivo y critican la actitud de algunos participantes en las consultas, quienes se oponen a lo propuesto sin ofrecer alternativas viables.

Para el analista político Juan Carlos Tapia, las intervenciones de personas sin conocimiento contribuyen a difundir información falsa y equivocada, lo que representa, según él, "un homenaje a la ignorancia". Tapia advirtió que muchas veces estas declaraciones son tomadas como ciertas por el resto de la población, lo que podría afectar el debate.

Por su parte, el presidente del Movimiento Súmate Panamá, Helmut De Puy, afirmó que ignorar la crisis de la CSS no ha hecho más que agravarla. Considera fundamental abordar la situación sin importar el "gran costo político" que implique.

"El déficit del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) no se corregirá por sí solo. Si no se toman decisiones pronto, las futuras generaciones de trabajadores se verán afectadas. La clase media y trabajadora está perdiendo la confianza en que sus aportes serán recompensados, y eso pone en peligro la sostenibilidad del sistema. No podemos seguir postergando decisiones críticas que impactan el bienestar de millones de panameños", señaló en declaraciones a Panamá América.

De Puy calificó la postura del presidente como "valiente". Sin embargo, opinó que ya no se trata solo de mostrar disposición para enfrentar el reto, sino de presentar respuestas claras y un plan concreto que permita resolver la crisis con efectividad.

En cuanto a las posturas contrarias, destacó que son necesarias para el debate, aunque subrayó que el país necesita que todas las partes involucradas asuman su responsabilidad y trabajen en conjunto.

Por otro lado, el diputado Luis Eduardo Camacho criticó el actuar de algunos legisladores. Señaló que, en lugar de solicitar el retiro del proyecto, deben entender que la Asamblea Nacional tiene que cumplir su rol. Además, recalcó que el Ejecutivo actuó de manera responsable al reconocer la gravedad del problema y proponer una solución.

"Nos corresponde, como Órgano Legislativo, recibir la propuesta, analizarla, escuchar sugerencias, debatirla y modificar lo que sea necesario", añadió.

La discusión del proyecto de reformas a la CSS se extenderá en la Asamblea Nacional hasta el 31 de diciembre. Posteriormente, se espera que sea sancionado por el Ejecutivo.