La COVID-19 arrasó con el empleo formal

Panamá adoptó las más severas medidas de confinamiento en Latinoamérica y está pagando el más alto precio laboral. En una economía donde el 70% de los empleos son presenciales, la devastación ha sido brutal. Los 6 primeros meses de encierros eliminaron 1,529 empleos diarios. Al final del 2020, el Producto Interno Bruto cayó 17.9%, 15% de los panameños perdieron sus trabajos, la empresa privada vio desaparecer 37% de sus empleos formales y el panameño promedio perdió $1,805 (caída del PIB per cápita). El 2020 fue el año de la emergencia sanitaria, el 2021 será un año de Emergencia Económica.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), al 30 de septiembre del 2020 se habían perdido 288,951 empleos en relación a agosto 2019. En una economía que genera unos 45 mil empleos anuales (promedio 2014-2019), llevará más de 6 años recuperar esos empleos perdidos.

La planilla estatal aumentó y el impacto laboral de la COVID-19 lo está sufriendo exclusivamente el sector privado, que perdió 327,340 empleos formales en el 2020, acentuando la contracción que inició en el 2013, cuando estos representaban 53% de los empleos del país, para caer a 33% en el 2020, una reducción de 20 puntos en 7 años. Estamos ante el peor episodio de destrucción de empleo formal de nuestra historia.

Los 546,410 asalariados que hoy trabajan en el sector privado son 12,641 menos que los 559,051 que habían en el 2004. La pandemia "borró" 16 años de generación de empleo formal del sector privado, en una economía que genera principalmente empleo informal.

92% de todos los empleos generados en la última década (2010-2020) fueron informales (en el 2019 fue 100%). Hoy los informales aportan 53% de la Población Ocupada No Agrícola, y 44% de todos los empleos del país, superando a los trabajadores asalariados privados (33%) y funcionarios públicos (23%), por lo que representan el mayor grupo poblacional en la estructura laboral del país. Más aún, la enorme mayoría de los empleos a ser generados a corto y mediano plazo serán informales. La COVID-19 no "generó" empleo informal, sino que destruyó empleo formal.

Dadas las proyecciones de aumento de la Población Económicamente Activa (PEA), mantener la tasa actual de desempleo (18.5%) requerirá crear unos 49 mil nuevos empleos anuales, 4 mil más que el promedio 2014-2019. Bajarlo a 10% en 5 años requerirá crear 85 mil empleos por año por 5 años (40 mil más que el promedio histórico), lo cual parece poco factible.

Generar empleo será complicado. Los 6 sectores que aportan el 60% de los empleos del país (Agricultura, Construcción, Comercio, Industria, Logística y Turismo) enfrentan serias dificultades de demanda y financiamiento.

$1,805 menos de PIB per cápita se traduce en una contracción del consumo de unos $600 millones mensuales, que será difícil de recuperar sin una agresiva inyección de liquidez al sistema productivo. La planilla estatal está abultada y debería ser recortada para convertir el gasto en burocracia a inversión productiva, cierto, pero ¿ocurrirá?

Por otro lado, la opción de más deuda para financiar la inversión pública e incidir en la economía luce cada vez más remota ante la precaria situación de las finanzas del Estado y grave descapitalización del sector privado. Parece evidente que la inyección de dinero fresco solo podrá venir de la banca y la inversión extranjera. No se vislumbran otras alternativas a corto plazo.

Pero la satanización de la banca y el sector privado no ayudan. Más aún, el cada vez más radical discurso xenofóbico, la creciente inestabilidad política y la amenaza de cambio en las reglas de juego a Minera Panamá, la mayor inversión extranjera en la historia de Panamá ($6.7 mil millones), así como uno de sus principales generadores de empleo formal, sabotean directamente estos esfuerzos, máxime ante la agresiva competencia de Chile, Uruguay, Costa Rica y México, que promocionan la seguridad jurídica, estabilidad política, paz social y una cultura abierta a los extranjeros como sus puntos fuertes.

Somos hoy una "economía de informales y funcionarios", que aportan 2 de cada 3 empleos en el país. Esto no es sostenible. ¿De dónde saldrán los impuestos para financiar al sistema de salud pública y el aparato estatal? ¿De dónde saldrán las cotizaciones a la Caja del Seguro Social? ¿Exclusivamente de los servidores públicos?

El Estado no puede ser generador de empleo, sino facilitar la generación de empleo de calidad por parte del sector privado. Para ello necesitamos fondos, Urgentemente. Todo es cuestión de prioridades y consensos.

Asesor Empresarial