Panamá
Tribunal Electoral presenta tres denuncias ante la Fiscalía Electoral, tras irregularidades en recolección de firmas
En medio del hecho el Tribunal Electoral reitera a la población panameña que la aplicación (app) para la recolección de firmas de apoyo a precandidatos es una herramienta tecnológica confiable que equivale a la versión digital de un libro móvil.
- Redacción/[email protected]/@panamaamerica
- - Actualizado: 20/10/2022 - 06:00 pm
El director nacional de Organización Electoral, Osman Valdés, presentó tres denuncias ante la Fiscalía General Electoral (FGE). Foto: Cortesía TE
El Tribunal Electoral (TE), a través del director nacional de Organización Electoral, Osman Valdés, presentó tres denuncias ante la Fiscalía General Electoral (FGE).
Una de las querellas es para que la Fiscalía Administrativa Electoral investigue la posible comisión de una contravención por la validación de firmas de respaldo falsas por activistas que usaron la aplicación (app) de recolección de firmas diseñada por el TE de forma errónea y dos penales electorales para que la FGE investigue la posible comisión de delitos informáticos electorales relacionados con la suplantación de identidad en trámites digitales ante el TE por activistas que incurrieron en una actividad dolosa, además de la manipulación de medios digitales con el propósito de afectar la integridad del proceso electoral.
En medio del hecho el Tribunal Electoral reitera a la población panameña que la aplicación (app) para la recolección de firmas de apoyo a precandidatos es una herramienta tecnológica confiable que equivale a la versión digital de un libro móvil.
Explica que la app cuenta con la ventaja de que hace una validación biométrica instantánea de las personas que dan el apoyo, y que los hechos hoy denunciados fueron motivados por la negligencia de algunos activistas y precandidatos al usar la app y manipular información para alterar la confiabilidad de los ciudadanos en las aplicaciones que desarrolla el TE en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, de cara a la Elección General del 5 de mayo de 2022, convocada mediante el Decreto 29 de 30 de mayo de 2022, publicado en el Boletín del Tribunal Electoral 5065 del 31 de mayo de 2022.
Cuando surgió el escándalo, el Tribunal Electoral, planteó mediante un comunicado que tal como se ha demostrado a cabalidad ante diferentes grupos de medios de comunicación, la app no valida firmas con base en fotos de personas, pues siempre ha utilizado un software de “prueba de vida” para corroborar que la persona cuya foto se ha captado con el lente de la cámara del dispositivo está frente a ella.
El TE planteó que los videos que han circulado tratando de decir lo contrario y que se enmarcan en actos delictivos previstos en el Código Electoral; razón por la cual, se interpondrán las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General Electoral (FGE).
Con base en preocupaciones planteadas directamente al Tribunal Electoral por algunos precandidatos de libre postulación sobre validaciones de la app cuando se tapaba el lente de la cámara al momento de tomarle la foto al ciudadano(a), la institución llevó a cabo, por conducto de la Dirección de Auditoría Interna, una auditoría al 100 % de las firmas recogidas a través de la app, que sumaban 218, 183 firmas al lunes 10 de octubre de 2022, y se detectaron 1,019 rúbricas que debían ser anuladas, como en efecto lo fueron el sábado 15 de octubre de 2022, y rebajadas a cada precandidato según se publicó en el Boletín Electoral n.° 5191-A el lunes 17 de octubre de 2022. De forma paralela, se realizó la actualización del sistema a partir del martes 11 de octubre, a medida que los dispositivos móviles se activaban.
Tal como lo señala el Decreto 29 de 2022, reglamentario de la Elección General de 2024, se está procediendo con la suspensión de todos los activistas reincidentes que han hecho uso indebido de la aplicación recogiendo firmas obstruyendo el lente de la cámara del dispositivo.
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De igual forma, se presentará la denuncia penal ante la Fiscalía General Electoral para que investigue y deslinde la responsabilidad penal de los activistas suspendidos y de quienes, junto con ellos, participaron en esos actos.
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