Crece el rechazo por la equiparación de la educación formal con la experiencia laboral; gremios civiles consideran que es un instrumento para nombramientos políticos.
La resolución fue publicada en la Gaceta Oficial N° 28833-A del 6 de agosto de 2019. Foto: Panamá América.
La Resolución de Gabinete N°69 del 6 de agosto de 2019, que equipara la educación formal con la experiencia laboral en el sector público, sigue generando debate y rechazo entre la sociedad civil. También se pronunciaron las universidades e incluso algunos grupos políticos.
En este sentido, la Asociación de Universidades Particualares de Panamá (Auppa) indicó en un comunicado que desaprueba "de forma enérgica" dicha resolución que surge en momentos en que se busca fortalecer los vínculos entre las universidades y las exigencias del mercado".
Cabe señalar que esta resolución, que fue publicada en la Gaceta Oficial N° 28833-A, establece que una persona o funcionario puede ser nombrado en un puesto de jerarquía en base a su experiencia o años de servivio, en una institución de gobierno.
No obstante, según la Asociación de Universidades Particualares de Panamá el artículo de la resolución que se refiere a este tipo nombramientos (por experiencia) es ambiguo o no establece cuántos años son necesarios para tener en cuenta al momento de nombrar a un servidor público sin título universitario. "No se detalla cuánta experiencia sería considerada válida", se lee en la nota de la Auppa.
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Agrega el boletín que la medida representa "un retroceso en materia educativa, ya que promueve la deserción estudiantil en la educación superior, una acción que frenaría la competitividad, la cual tiene por finalidad mejorar las condiciones de vida de la población".
Por su parte, el Movimiento Independiente (Movin) solicitó al presidente de la República Laurentino Cortizo derogar de inmediato la polémica resolución puesto que considera que la misma podría ser utilizada como un instrumento para nombramientos políticos dentro del gobierno.
"Esta acción, sumada a la suspensión de los concursos dentro de la Carrera Administrativa, perpetúan la perversa práctica de nombramientos políticos dentro del Estado, al punto de no medir el riesgo que esto conlleva".
En tanto que el Sindicato de Periodistas de Panamá afirmó que "rechaza la forma en la que se invalida y menosprecia al profesional panameño, en contradicción con la promesa política del presidente Laurentino Cortizo, de hacer la educación la estrella de su gobierno.
Sobre el asunto también se pronunció el Colegio Nacional de Abogados (CNA). El gremio exigió a las autoridades una "aclaración pertinente" y lanzó un llamado a los profesionales y a la sociedad en general para exigir que "los cargos públicos sean ejercidos por profesionales idóneos", tal como lo establece la ley.
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Esta mañana el viceministro de la presidencia Juan Antonio Ducruet señaló que se trata de puestos específicos en temas administrativos. "Nos hemos encontrado que hay personas con 20 años de servicio con todas las certificaciones y seminarios y no pueden ascender porque no tienen el título universitario, pero no se refiere ni a directores ni a jefes, sino mandos medios", explicó Juan Antonio Ducruet.
El servidor público comentó que la equiparación se aplicará a casos que no requieran idoneidad ni estén regulados por ley. "Si usted ve la resolución no habla de temas específicos, sino que permite reglamentar dentro de cada institución para tomar en cuenta la experiencia. Yo creo en los títulos universitarios, eso es fudamental que la gente tenga títulos, pero también creo que los funcionarios que tienen 20 años de experiencia y que han ido a seminarios, puedan aplicar a algunos cargos", declaró la fuente gubernamental.
Esta mañana el abogado Ernesto Cedeño acudió a la Corte Suprema de Justicia para pesentar un demanda contenciosa administrativa en contra de esta resolución "por ilegal".
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