Panamá
El presidente Laurentino Cortizo vetó en su conjunto, el proyecto de ley que creaba el Consejo de Rectores de Universidades Oficiales.
Rectores de universidades del Estado, mientras se discutía la creación del nuevo consejo, en el hemiciclo legislativo. Foto: Archivo
El consejo de rectores de universidades públicas peligra, luego que el presidente Laurentino Cortizo vetara en su conjunto, el proyecto de ley 864, que creaba el organismo.
El mandatario fundamentó su decisión, tomando como base la polémica discusión de que entidad rige los destinos de la educación superior en Panamá.
En su informe, Cortizo sustenta que el Ministerio de Educación (Meduca) es el ente rector del sistema educativo y que concederle al Consejo de Rectores la facultad de establecer los lineamientos y las políticas de la educación universitaria sin el escrutinio o coordinación con el Meduca es inexequible.
Agrega que el Ministerio de Educación es quien coordina las acciones educativas con las entidades responsables del tercer nivel de enseñanza, por lo que esta responsabilidad del Estado no puede ser ejercida por un ente distinto, como sería el Consejo de Rectores de las Universidades Oficiales.
Por otra parte, el Ejecutivo afirma que el proyecto atenta contra la Constitución en lo referente a la elaboración del Presupuesto General del Estado y el control previo y posterior que ejercen el Gobierno Central y la Contraloría General de la República.
Este argumento se vierte, porque a juicio del mandatario, el proyecto 864 da a entender que las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores podrán regular el control posterior de los fondos asignados a la investigación, equipamiento, tecnología, inversión en laboratorios y edificaciones para la investigación.
Finalmente, el Consejo de Rectores de Universidades Oficiales, a juicio del Órgano Ejecutivo, constituye una intromisión de la Asamblea en asuntos de su competencia, al crearse como un ente independiente de derecho público con personería jurídica.
Cortizo sostiene que la Constitución solo reconoce asociaciones para desarrollar fines comunes, como los que podrían tener los rectores de las universidades oficiales.
Como ejemplo, expresa que el actual Consejo de Rectores de Panamá, que aglutina tanto a universidades oficiales como a particulares, cuenta con personería jurídica, otorgada por el Ministerio de Gobierno desde 1997.
Uno de los motivos por el cual los rectores de universidades públicas impulsaron la creación de este organismo son los fines disímiles que persiguen las universidades privadas, las cuales tienen fines de lucro por su naturaleza.
En entrevista a Panamá América, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, explicó que el Consejo venía a atender las falencias que pudieran tener con el apoyo entre estas, mediante intercambio de docentes y equipos, con carga al presupuesto de la universidad que apoye.
También, elaboraría un plan nacional de educación superior que cada cinco años lo presentaría al Meduca y la Nación.
Además, establecía que 10% del presupuesto de las universidades sea destinado para investigación e innovación, cuyos fondos saldrían de la asignación, desde 2024, del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, como fija una ley recientemente sancionada el Ejecutivo.
Ahora, dependerá del Órgano Legislativo y del interés de los rectores de universidades públicas, si el proyecto es retomado y aprobado por insistencia.
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