Estado pagaría hoteles privados por 3 mil millones

El 31 de diciembre de 2019 el gobierno de Laurentino Cortizo modificó la ley de incentivo fiscales para inversiones turísticas, sin medir su drástico impacto en las finanzas públicas en los próximos años.

A la fecha se han presentado 39 proyectos donde los inversionistas esperan el retorno al 100% su inversión en créditos fiscales.

Expertos lo califican como un disparate y otros como un robo al Estado. Sin embargo, nadie frena la fiesta. La lista de invitados se incrementa cada día.

Se trata de un problema de emisión descontrolada de papeles fiscales que se negociaran en un mercado secundario, por lo general adquiridos por bancos porque también les representa un buen rédito al momento de pagar sus impuestos.

Pero el Estado terminará recibiendo los cartones como pago de impuestos, mermando considerablemente el ingreso real tributario en las arcas del Estado.

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Cortizo lo hizo anunciando que sería una forma impulsar el turismo en zonas que aún no han sido desarrolladas, pero nunca se dijo que inmediatamente se convertiría en una especie de fiesta bursátil en donde el Estado panameño paga todo a pesar de tener recursos limitados.

A cada sociedad que logre la certificación de la Autoridad Panameña de Turismo (ATP), el Estado le reconocerá a través de crédito fiscales el 100% de su inversión.

En solo 6 de las sociedades que buscarán colocar instrumentos financieros en la bolsa, la cifra de inversión a reclamar es de 466.6 millones de dólares.

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Se trata de sociedades donde registran familias que pertenecen al círculo de poder el actual gobierno, como Guillermo Saint Malo Eleta, José Manuel Bern y Alfredo Alemán Miranda y la familia Hanono.

Incluso familiares del propio administrador de la ATP, Iván Eskildsen, están en la jugada.En total, son 39 proyectos cuya inversión retornable al 100% por créditos fiscales es de 2 mil 965 millones dólares. Casi 3 mil millones de dólares en impuestos que no entrarán en forma de efectivo o dinero al Estado, sino en un cartón ya sin validez.

Solo las sociedades que pertenecen a Guillermo Saint Malo, Alfredo Alemán, José Manuel Bern, Salomón Hanono, y Moises Hanono, han pedido la certificación para sus proyectos por el orden de los mil 638 millones de dólares.

Incluso la ley les permite dividir sus proyectos, aunque el lugar sea el mismo; para acogerse al cuestionado beneficio fiscal que impactará en las finanzas públicas en los próximos 10 años.

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Alfredo Alemán presentó en la ATP 5 proyectos de alojamiento en Punta Chame bajo la razón social Playa Escondida Front Beach por 357 millones de dólares.

Guillermo Saint Malo tiene 4 proyectos con sociedades diferentes, Pearl Island Fishing, Lora Marina, Ocean Hills, DB & Hotel & Residences, por un monto de 388.3 millones de dólares.Moisés y Salomón Hanono también certificaron 4 proyectos de hospedaje por más de 737 millones de dólares.

Solo el proyecto Casi Cielo, de la sociedad Gambely Properties en Bocas del Toro, promete una inversión de 456.2 millones dólares. El cuñado del administrador de la ATP también presentó su proyecto de 13.7 millones de dólares. Se trata de Alfonso Naranjo con el hotel Hampton By Hilton de David Chiriquí, que pertenece a la sociedad Inversiones Chiricanas de Hotelería S.A.

El economista Felipe Argote señaló que en el país actualmente existe una sobre oferta de hoteles, y las inversiones que se acogerán a este programa de reconocimiento de inversión a través de créditos fiscales son solo aquellos empresarios que esperan que les salga todo gratis.

Añadió que el exonerar impuestos porque luego los hoteles compran tomate, lechuga y contratan empleos, es todo un disparate.

El administrador de la Autoridad de Turismo, Iván Eskildsen, solo se ha limitado a decir que la lista de los beneficiarios de la ley se puede verificar a través del portal de la entidad que dirige, pero no negó el provecho que supuestamente recibirán donantes de la campaña de Laurentino Cortizo.

Qué dice la ley 122.La Ley 122 de 31 de diciembre de 2019 modificó la Ley 80 de 2012, y otorgó tanto a las personas naturales como jurídicas un crédito fiscal del impuesto sobre la renta del 100% por las sumas invertidas en la adquisición de bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas inscritas en el Registro Nacional de Turismo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

La única condición es que la inversión en estas empresas turísticas sea para proyectos nuevos o ampliaciones de proyectos turísticos ya existentes, fuera del distrito de Panamá.

Este incentivo se otorgará hasta el 31 de diciembre de 2025 a los inversionistas que no estén vinculados directa o indirectamente con la empresa turística que emita el instrumento financiero.

El crédito fiscal podrá ser utilizado en un periodo máximo de 10 años.

Pero para ello si hay una serie de condiciones: se podrá utilizar únicamente a partir del segundo año de haberse realizado la inversión en la empresa turística; el valor máximo utilizable por año no puede exceder el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto sobre la Renta causado en el año fiscal correspondiente; el monto del crédito fiscal utilizado anualmente no puede exceder del quince por ciento (15%) de la cantidad inicial del crédito fiscal otorgado al inversionista; la totalidad o la porción no utilizada del crédito fiscal otorgado puede ser cedido a una tercera persona, independientemente de si se ha transferido, o no, los bonos, acciones o instrumentos financieros.

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