Araúz, AMP y negocios: cuatro horas al descubierto

La crisis de transparencia y escándalos de irregularidades por la que atraviesa la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tocó su nivel más alto el pasado lunes, cuando el administrador de esta entidad, Noriel Araúz, se vio obligado a presentarse ante el pleno de la Asamblea Nacional a responder un cuestionario sobre negociados con favoritismo, permisos alterados para barcos, derrames de petróleo no investigados, el pago de una fiesta de lujo en Grecia por más de 200 mil dólares, el problema de los cruceros, y el deterioro del registro panameño de buques.

Araúz ya se había resistido a presentarse a la primera citación de los diputados en octubre pasado, pero no encontró excusas para la segunda citación a la Asamblea, acudiendo con sus manos derechas en la AMP, el director de Marina Mercante, Rafael Cigarruista, y la directora de Puertos, Flor Pitty, también señalados en los escándalos que enfrenta la institución marítima.

Tras bastidores, había un plan B para salvar a Araúz del cuestionamiento de los diputados, una parte de los diputados del PRD se retiraron para suspender la sesión por falta de quórum, pero ello no funcionó. Ello incluyó la intervención violenta de Raúl Pineda, pero tampoco se logró tumbar la sesión de pleno.

Fue así que Araúz y su equipo de confianza pasaron por una de sus peores 4 horas desde que ocuparon estos cargos públicos. Los diputados Juan Diego Vásquez, Luis Carles, Yesenia Rodríguez, Mayín Correa, Hugo Méndez, Roberto Ayala, y Gabriel Silva fueron directos en sus preguntas sobre las irregularidades que se han cometido desde la AMP en esta administración.

Carles se refirió al caso de la alteración de la fecha de producción del barco Gi Bunker 100 para beneficiarlo con la licencia como buque  de suministro de combustible, un caso por el cual el director de Marina Mercante enfrenta una querella penal. Incluso el diputado Vázquez cuestionó a Araúz por no tener separado del cargo a Cigarruista mientras duren las investigaciones.

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Los diputados entraron a exponer ante el propio Araúz señalamientos sobre el negocio exclusivo de venta de combustible a los cruceros en los puertos panameños a través de la empresa MONJASA y los contratos a favor de la empresa Stward Agency para el servicio de lancha; ambos supuestamente conectados a Pablo Torres, amigo personal del administrador de la AMP.

También se hicieron fuertes cuestionamientos por el manejo de la cuenta bancaria que tiene la AMP en Estados Unidos a nombre de su división llamada SEGUMAR. También salió a relucir el uso de los puertos de cruceros para otras actividades ajenas al turismo, como la reparación de barcos.

Araúz jugó con algunas respuestas y nunca contestó sobre su vínculo con el empresario Pablo Torres; solo dijo que no se trató de contratos directos. Pero el funcionario mintió diciendo que la empresa de Torres fue contratada por licitación, cuando en realidad se utilizó el cuestionado mecanismo de tres cotizaciones por invitación.

El administrador tampoco explicó cómo es la conexión de Torres con la empresa MONJASA, la cual tiene la exclusividad para el suministro de combustible a los cruceros dentro de los dos puertos panameños para esta actividad.

La diputada Rodríguez incluso hizo señalamientos de la conexión de la sociedad MONJASA con una de las empresas de Torres.

Otro tema que evadió o no contestó Araúz fue si la cuenta bancaria de SEGUMAR en Estados Unidos pasa por fiscalización, destacándose que de allí se pagó la polémica fiesta de lujo en Grecia y se paga el contrato de las lanchas con la empresa de Torres, como una forma de no pasar estos pagos por el trámite de fiscalización que incluye la Contraloría.

Por el contrario, Araúz y Cigarruista también responsabilizan del gasto de esta fiesta a la Cancillería, el consulado en Grecia, el MEF y la propia Contraloría.

Además, Cigarruista trató de manipular la cifra del costo de la fiesta cuando fue cuestionado por la diputada Mayín Correa, que calificó el gasto como un “absurdo” y peor aún en un periodo de pandemia.

Cigarruista dijo que el costo de la fiesta fue de 199 mil dólares y no los 300 mil que se señala públicamente. Pero el director de Marina Mercante no aclaró que a la cifra que dio hay que sumarle los costos de viajes y viáticos de todos los funcionarios que asistieron, lo que eleva nuevamente la cifra a los 300 mil dólares.

La diputada Correa reiteró que este gasto debe verse como un abuso mientras en el país hay “hambre”.

Pero ello no quedó allí, Correa también se refirió al deterioro del registro de buques de Panamá por el manejo deficiente de la actual administración. Dijo que Cigarruista se contradice en sus explicaciones, porque en el pasado ya ha reconocido que hubo negligencia.

El pleno de la Asamblea también hizo eco del tema de los derrames en costas panameñas y su vínculo con la empresa Sea Energy y el barco Sea Lion. Otro cuestionamiento que Araúz evadió.

Asimismo, no dio información de la empresa que ha contratado para controlar los derrames que incluyen el de Taboga y el de Punta Caleta, todo a cargo de la empresa Layne Commercial. Se ha informado que estos dos casos, los contratos superan los 5 millones de dólares. Pero la AMP guarda silencio.

La directora de Puertos dijo que por ser un tema legal no pueden dar información de los casos que están en los tribunales, pero ello no aplica para los contratos de limpieza. El diputado Gabriel Silva señaló que se trata de un serio caso de falta de transparencia.

Un elemento discordante fue la intervención del diputado Ricardo Torres, el único que trató de elogiar la gestión de Araúz y sus contratos. Pero ello sin dar a conocer que es familiar directo de la persona más mencionada: Pablo Torres.

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