Un análisis del caso contra Chevron en Ecuador

El actual juicio contra Chevron-Texaco en el Ecuador tiene todos los ingredientes de una película de suspenso Hollywoodense: una gran empresa petrolera multinacional, muchísimos abogados, grupos ambientalistas radicales que apoyan a los demandantes, un juez que estaría aceptando sobornos, un perito designado por la Corte que no está debidamente calificado para evaluar el caso y que exhibe conflictos de interés, y además, una evidente intervención a favor de los demandantes por parte de Rafael Correa, Presidente del Ecuador.

Estos demandantes sostienen que Texaco, actualmente propiedad de Chevron, produjo daños considerables al medio ambiente y a los habitantes de la región de la Amazonia, donde se realizaron actividades de producción de petróleo entre 1964 y 1990. El perito designado por la Corte estimó los daños, definidos por los demandantes como otro "Chernobyl", en USD 27.000 millones. Pero estos reclamos no toman en cuenta que: a) En 1998 Texaco fue totalmente liberada de toda obligación por el gobierno del Ecuador; y b) Petroecuador, la empresa petrolera estatal ecuatoriana, es socio mayoritario del consorcio desde 1977 y ha sido la operadora exclusiva en el área desde hace casi 20 años. La escena del crimen, por así decirlo, ha estado habitada por nuevos actores y ha sufrido su impacto durante dos décadas. Sin embargo, el perito de la Corte afirma que Chevron, que adquirió Texaco en 2001, es responsable por la situación actual en la zona.

Incluso el estado actual en que se encuentra dicha área ha sido mal evaluado por este perito. Él redactó un informe en el que sostiene que Texaco es responsable por la contaminación del agua y excesivas muertes por cáncer, absolviendo a Petroecuador de cualquier responsabilidad por cualquier daño medioambiental que pueda existir. Este informe ha sido enérgicamente refutado por los demandados, quienes han demostrado que el petróleo no es el agente contaminante del agua de la región y que no ha habido excesivas muertes por cáncer entre la población. Los demandados también afirman que dicho perito, el Sr. Cabrera, está vinculado con los demandantes y pretende juzgar los actos de Texaco sobre la base de leyes y normas que no existían al momento de las operaciones de la compañía en dicha área.

Un examen de los dos lados del asunto deja en claro que: (1) los daños ambientales, tal como figuran en el informe del perito, parecen sumamente exagerados, a la vez que los reclamos sobre problemas a la salud de la población no parecen estar respaldados por la existencia de datos confiables; (2) las credenciales de este perito de la corte no son buenas y están por debajo de los requisitos necesarios; (3) su pretensión de exonerar a Petroecuador es inaceptable, ya que esta empresa fue socio mayoritario en la operación y, junto al gobierno del Ecuador, tuvo total conocimiento de dicha operación en todo momento y procedió a liberar plenamente a Texaco de sus obligaciones; (4) por casi 20 años la actividades de producción de petróleo de Petroecuador se ha realizado parcialmente en las mismas áreas donde Texaco estuvo activa, lo cual hace esta evaluación tardía de las actividades de Texaco una tarea casi imposible de realizar; (5), el sistema judicial y los altos mandos en el gobierno han mostrado un sesgo considerable en favor de los demandantes y una significativa ausencia de transparencia, y (6), el Presidente ecuatoriano ha expresado públicamente su pleno respaldo a los demandantes.

Pareciera que se ha puesto en la mira a Chevron-Texaco por ser una multinacional poderosa. Los abogados de los demandantes han expresado reiteradamente su deseo de obtener un “acuerdo sustancioso”. Sin embargo, la manera cómo se ha manejado el caso pareciera haber invertido la tradicional definición de David y Goliat. En la Corte de Lago Agrio, Ecuador, Chevron luce mucho más como David y los demandantes mucho más como Goliat.

Dada la combinación del pobre trabajo del perito con la falta de transparencia del juez, con la abierta intervención política del poder ejecutivo ecuatoriano y lo que indican los datos existentes, este juicio debería haber sido declarado nulo y sin efecto. Cualquier fallo, ya sea a favor de los demandantes o de los demandados, está destinado a producir daños políticos y económicos significativos al Ecuador.

*28 años de experiencia, miembro del primer directorio (1975-1979) de Petróleos de Venezuela (PDVSA), autor de varios libros. Actualmente, es editor asociado de Petroleumworld y asesor sobre el contenido editorial y crítico del sitio. Todos sus artículos están en el blog de Gustavo: Las Armas de Coronel.

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